ASOCIACI�N VALLISOLETANA DE AFECTAD@S POR LAS ANTENAS DE TELEFON�A

Jurisprudencia: Sentencia completa del Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2010. el Supremo reconoce la "legitimidad" de los ayuntamientos para establecer l�mites adicionales a los contemplados en la normativa estatal para estas emisiones. En el fallo del alto tribunal se considera que los consistorios pueden entrar a regular mediante ordenanza la emisi�n de radiaciones electromagn�ticas en sus respectivos territorios

CB — 2010-06-20T07:26:29Z

Jurisprudencia: Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2010 Ponente: ANTONIO MARTI GARCIA

Voces: Contencioso-Administrativo: Acci�n Administrativa: Telecomunicaciones: Equipos e Instalaciones de Telecomunicaciones: Normativa Contencioso-Administrativo: Impugnaci�n de Disposiciones de Car�cter General: Ordenanzas

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera, Secci�n Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casaci�n n�mero 4282/2006, que ante la misma pende de resoluci�n, interpuesto por el Procurador Don Pablo Oterino Men�ndez, en nombre y representaci�n del Ayuntamiento de San Luis, contra la sentencia dictada el d�a veintid�s de febrero de dos mil seis por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, reca�da en los autos n�mero 1017/2003.

No ha comparecido la parte recurrente en la instancia, no obstante haber sido emplazada para su personaci�n ante el Tribunal Supremo.

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en los autos n�mero 1017/2003, dict� sentencia el d�a veintid�s de febrero de dos mil seis , cuyo fallo dice:

"1.- ESTIMAR, DE FORMA PARCIAL, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por TELEF�NICA M�VILES ESPA�A S.A. contra una Ordenanza aprobada el treinta de abril de 2003 por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Lluis (BOIB de diez junio). Esta disposici�n general - Reglamento - tiene por objeto la "ordenaci�n de las instalaciones de las infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagn�ticas (telefon�a m�vil)".

2.- ANULAR esta disposici�n general en lo que hace a los siguientes preceptos en ella incluidos: a) art�culo 6� : "L�mites de exposici�n a las emisiones electromagn�ticas"; b) art�culo 7� : "Medidas de aviso y protecci�n"; c) art�culo 8� : "Protecci�n de espacios sensibles"; d) art�culo 9� : "Zonas saturadas.

3.- ORDENAR la publicaci�n de la Parte Dispositiva de esta sentencia en el Bolet�n Oficial de les Illes Balears una vez que la misma disponga del car�cter de firme en Derecho (art�culo 107.2 Ley Jurisdiccional ).

4.- NO EFECTUAR expresa imposici�n de las costas jur�dicas causadas en este proceso a ninguno de los litigantes."

SEGUNDO.- Por la representaci�n procesal del Ayuntamiento de San Luis, se interpuso recurso de casaci�n mediante escrito de fecha doce de julio de dos mil seis.

De la misma forma, el Procurador de los Tribunales Don Jos� Manuel Villasante Garc�a, en nombre del Consejo Insular de Menorca, present� un escrito de alegaciones adhiri�ndose al recurso formalizado por el Ayuntamiento de San Luis. Tras los tr�mites pertinentes, dicho escrito fue rechazado mediante providencia de 19 de diciembre de 2006, confirmada por Auto de 12 de abril de 2007 , desestimatorio del recurso de s�plica interpuesto contra aqu�lla, en esencia, por no estar prevista la figura del coadyuvante del recurrente en la regulaci�n de nuestro recurso de casaci�n en v�a contencioso-administrativa.

TERCERO.- Mediante providencia dictada el d�a cuatro de junio de dos mil siete por la Secci�n Primera de esta Sala, se admite a tr�mite el recurso de casaci�n, y se acuerda, conforme a las normas establecidas para el reparto de asuntos, remitir las actuaciones a la Secci�n Cuarta; donde se tuvieron por recibidas el cinco de septiembre de dos mil siete.

CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se se�al� para votaci�n y fallo de este recurso de casaci�n el d�a 20 de abril de dos mil diez, fecha en que tuvo lugar, habi�ndose observado los tr�mites establecidos por la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En el recurso de casaci�n que enjuiciamos se impugna por la representaci�n procesal del Ayuntamiento de San Luis, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de fecha veintid�s de febrero de dos mil seis , que estim� parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "TELEF�NICA M�VILES ESPA�A, S.A." contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Luis (Menorca), de treinta de abril de dos mil tres, por el que se aprob� la Ordenanza municipal para la ordenaci�n de las instalaci�n de las infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagn�ticas (telefon�a m�vil).

En lo que toca a la cuesti�n a que se contrae el recurso de casaci�n, el fundamento de derecho primero de la sentencia de veintid�s de febrero de dos mil seis anticipa que "no existe doctrina jurisprudencial que resuelva uno de los n�cleos o ejes de las tem�ticas litigiosas que se han planteado en el proceso, eje que viene constituido por la posibilidad/imposibilidad jur�dica de que los municipios establezcan mayores restricciones sanitarias a las que fija la legislaci�n estatal as� como la relativa a condicionar el desarrollo de la telefon�a m�vil sobre la base de la previa tenencia de un Plan de Implantaci�n y de una licencia urban�stica que controle no s�lo los aspectos visuales y paisaj�sticos sino tambi�n tem�ticas de �ndole sanitaria..." .

Tras ello expone, en el fundamento de derecho segundo, el argumento de la demandante sobre los art�culos de la Ordenanza que ahora nos interesan:

"La Administraci�n local demandada ha introducido (a) una regulaci�n jur�dica en un �mbito competencial (el de las telecomunicaciones) sin observar que la legislaci�n aplicable concede un importante marco de decisiones a la Administraci�n del Estado, decisiones entre las que cabe situar las relativas a la fijaci�n del nivel de emisiones electromagn�ticas que las infraestructuras de telecomunicaciones pueden alcanzar, medidas de aviso y protecci�n y tutela de espacios sensibles.

En concreto, los preceptos que se ver�an afectados por dicha transgresi�n son los n�meros 6�, 7�, 8� y 9� , en los que se introduce un l�mite de emisi�n a "los 0,001 W/m2 (0,1 micro W/cm2) en cualquier zona o espacio en la que pudieran permanecer habitualmente personas"; "Se mantendr� un espacio de protecci�n de 200 metros alrededor de los espacios de concentraci�n y permanencia continuada de poblaci�n sensible, tales como guarder�as, centros de educaci�n infantil ..."; "podr� condicionar el otorgamiento de las licencias urban�sticas en determinadas zonas saturadas".

Y es que, a tenor de los datos alegatorios que obran en el escrito de demanda:

"... los criterios de protecci�n de la salud que se han de comprobar a efectos de autorizar las instalaciones radioel�ctricas son los del Anexo II del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1066/2001 " ."

La resoluci�n de las alegaciones del demandante fue abordada por la sentencia impugnada en su fundamento de derecho quinto, en los siguientes t�rminos:

"QUINTO.- Decisi�n que alcanza la Sala sobre el resto de tem�ticas litigiosas abiertas en el seno del proceso 1.017/2003 por Telef�nica M�viles Espa�a S.A.. La m�s trascendente es la relativa a la introducci�n de limitaciones de �ndole sanitario.

1.- "no podr�n superar los 0,001 W/m2 (0,1 micro W/cm2), en cualquier zona o espacio en la que pudieran permanecer habitualmente personas" (art. 6.1 ).

a.- El tribunal entiende que el Ayuntamiento de Sant Llu�s no dispone de competencia objetiva para introducir mayores limitaciones en lo que hace a los niveles de inmisi�n electromagn�tica que produzcan las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en su t�rmino municipal frente a los niveles ya vigentes en la normativa estatal. Este criterio se funda en la distribuci�n de competencias que la Constituci�n espa�ola ha establecido en sede de la sanidad (concediendo la legislaci�n b�sica al Estado y la legislaci�n de desarrollo a las Comunidades Aut�nomas) y en la caracterizaci�n jur�dica propia de la normativa estatal, al fijar �sta unos niveles de emisi�n muy superiores a los que recoge la Ordenanza de 30/04/2003:

Si la Administraci�n del Estado fija, en ejercicio de su potestad de determinar las bases de la sanidad en todo el pa�s, que los l�mites de exposici�n al p�blico y las condiciones de evaluaci�n sanitaria por emisiones radioel�ctricas tienen un determinado nivel cuantitativo y unos ciertos rasgos materiales, los mismos s�lo pueden ser variados (en el sentido de disminuir tales valores) por la normativa de protecci�n sanitaria o medio-ambiental que se instaure por el legislador auton�mico dentro del marco del sistema normativa b�sica/normativa de desarrollo.

La Ordenanza dictada por el Ayuntamiento de Sant Llu�s evita apoyarse sobre normativa auton�mica que introduzca mayores restricciones a los niveles estatales - como ha sucedido en la Comunidad Foral Navarra y en Catalu�a, entre otras varias CCAA - sino que, y en �ntegro ejercicio de competencias propias, estima que cualesquiera reducciones a los niveles de emisi�n o al r�gimen de distancias previsto en el R.D. de 28 septiembre 2001 es susceptible de quedar incardinado en la competencia (concurrente con las Administraciones del Estado y Auton�mica) que posee sobre la sanidad. Y, con esta perspectiva - pero sin an�lisis alguno de dichos t�tulos competenciales, an�lisis indispensable desde un par�metro jur�dico - se�ala en la Exposici�n de Motivos que:

"... La presente Ordenanza se dicta, por lo tanto, con pleno respeto de la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicaciones (...) as� como aquellas otras competencias estatales compartidas como es la de sanidad (...) y mediante las que se aprob� el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre ".

El escrito de contestaci�n a la demanda tampoco escarba sobre esta tem�tica, contrastando la vinculaci�n que media entre normativa b�sica estatal y ejercicio de la competencia local en el �mbito de la sanidad, examinando (y demostrando) de qu� modo el ordenamiento jur�dico o la doctrina jurisprudencial aplicable permiten entender que la regulaci�n estatal puede ser dotada de mayor rigor y restricciones en lo que hace al seguimiento de una actividad de emisiones electromagn�ticas con el fin de proteger la salud de los vecinos de un t�rmino municipal:

"... desde la perspectiva de la parcela de inter�s p�blico cuya tutela le est� encomendada (...) no puede abandonar ni renunciar el ejercicio de sus competencias (...) Con ello no invade competencia alguna de otras instituciones, porque, en todo caso, los niveles establecidos en el Reglamento estatal han de tener la consideraci�n de m�nimos tolerables, pero en ning�n caso de m�ximos. La invasi�n de competencias se producir�a en el caso contrario, es decir en el caso de que la ordenanza pretendiera suavizar los niveles de exigencia que establece la norma estatal" (Alegaciones Tercera y Quinta).

b.- El Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre , concede la naturaleza de norma b�sica - en desarrollo de la Ley General de Sanidad - a los mencionados l�mites de exposici�n y condiciones de evaluaci�n sanitaria de riesgos por emisiones radioel�ctricas:

"El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto, elaborado en coordinaci�n por los Ministerios de Ciencia y Tecnolog�a y de Sanidad y Consumo, tiene por objeto cumplir con lo establecido en los citados art�culos de la Ley 11/1998 , sobre emisiones radioel�ctricas. Asimismo, el cap�tulo II , arts. 6 y 7, establece, con car�cter de norma b�sica y en desarrollo de la Ley 14/1986 , l�mites de exposici�n y condiciones de evaluaci�n sanitaria de riesgos por emisiones radioel�ctricas.

El presente Real Decreto asume los criterios de protecci�n sanitaria frente a campos electromagn�ticos procedentes de emisiones radioel�ctricas establecidos en la Recomendaci�n del Consejo de Ministros de Sanidad de la Uni�n Europea, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposici�n del p�blico en general a campos electromagn�ticos.

Asimismo, esta Recomendaci�n contempla la conveniencia de proporcionar a los ciudadanos informaci�n en un formato adecuado sobre los efectos de los campos electromagn�ticos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente, al objeto de que se comprendan mejor los riesgos y la protecci�n sanitaria contra la exposici�n a los mismos.

Este Reglamento establece unos l�mites de exposici�n, referidos a los sistemas de radiocomunicaciones, basados en la citada Recomendaci�n del Consejo de la Uni�n Europea. Adem�s, el Reglamento prev� mecanismos de seguimiento de los niveles de exposici�n, mediante la presentaci�n de certificaciones e informes por parte de operadores de telecomunicaciones, la realizaci�n planes de inspecci�n y la elaboraci�n de un informe anual por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a" (Exposici�n de Motivos).

Y, sobre esta tem�tica, debe recordarse que la naturaleza b�sica de una norma no depende de su rango formal (el de ley versus reglamento) sino de la regulaci�n jur�dica que por ella se establezca:

"... Ha sido tambi�n se�alado por la jurisprudencia de este Tribunal que las "bases", en cuanto concepto que nuestro primer cuerpo de leyes utiliza para expresar un deslinde de competencias entre los poderes centrales del Estado y las comunidades aut�nomas, no tienen necesariamente que quedar articuladas o instrumentadas a trav�s de una concreta forma de manifestaci�n de la voluntad legislativa o pol�tica (...) sino que, como concepto material, pueden hallarse en leyes en sentido estricto o incluso en reglamentos ejecutivos en cuanto �stos contengan desarrollos necesarios reducidos a ellos por las leyes" (doctrina Tribunal Constitucional).

c.- La introducci�n de mayores limitaciones s�lo puede hacerse, entonces, por la Comunidad Aut�noma de les Illes Balears.

Adem�s, se desconoce cu�les son los an�lisis t�cnicos seguidos por el Consell Insular de Menorca (recu�rdese que la Ordenanza de 20 de abril de 2003 pertenece a las denominadas Ordenanza-tipo, que son disposiciones reglamentarias cuya redacci�n se efect�a por �rganos encuadrados en una Administraci�n local - el Consell Insular tiene una naturaleza bifronte - que cuenta con mayor entidad f�sica a la propia de los municipios) a los efectos de concluir que las emisiones radiomagn�ticas deben alcanzar un entorno no superior al de 0,001 W/m2; que la superaci�n de �ste puede ser da�ino para la salud de quienes se encuentran en las inmediaciones de las antenas de telefon�a m�vil existentes en el municipio de Sant Llu�s; y que, por �ltimo, el nivel de emisiones que ha fijado el Real Decreto de 28 septiembre 2001 no satisface al derecho a la salud de los vecinos de dicha poblaci�n.

La Exposici�n de Motivos se remite, sin m�s, a la Resoluci�n adoptada los d�as 7 y 8 de junio de 2000 en una Conferencia Internacional celebrada en la ciudad austr�aca de Salzburgo. El escrito de contestaci�n a la demanda excluye cualquier menci�n alegatoria a esta tem�tica.

En cambio, el R.D. de 28/09/2001 afirma, en el seno de su Exposici�n de Motivos, que (el subrayado es del tribunal):

"... El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto tiene, entre otros objetivos, adoptar medidas de protecci�n sanitaria de la poblaci�n. Para ello, se establecen unos l�mites de exposici�n del p�blico en general a campos electromagn�ticos procedentes de emisiones radioel�ctricas, acordes con las recomendaciones europeas. Para garantizar esta protecci�n se establecen unas restricciones b�sicas y unos niveles de referencia que deber�n cumplir las instalaciones afectadas por este Real Decreto. Al mismo tiempo, se da respuesta a la preocupaci�n expresada por algunas asociaciones, ciudadanos, corporaciones locales y Comunidades Aut�nomas.

El presente Real Decreto cumple con las propuestas contenidas en las mociones del Congreso de los Diputados y del Senado, que instaron al Gobierno a desarrollar una regulaci�n relativa a la exposici�n del p�blico en general a las emisiones radioel�ctricas de las antenas de telefon�a m�vil".

Es decir, la normativa estatal se dicta en seguimiento - y de forma coherente - con las prescripciones sanitarias que las Recomendaciones emitidas por la Uni�n Europea han entendido m�s plausibles y satisfactorias a los efectos de garantizar que la instalaci�n de infraestructuras de telecomunicaci�n por ondas electromagn�tica no va a generar da�o alguno al derecho a la salud que ostentan quienes residan o se sit�en f�sicamente en las inmediaciones de estas infraestructuras.

d.- Adem�s, el tribunal se atiene al enunciado jur�dico vigente en el art�culo 25.2 de la Ley de Bases de R�gimen Local seg�n el que las Administraciones municipales deben desarrollar el t�tulo competencial que recoge el apartado h) de los que aparecen en este precepto ("Protecci�n de la salubridad p�blica"):

"en los t�rminos de la legislaci�n del Estado y de las Comunidades Aut�nomas".

Este dato normativo exhibe la precisa conformidad o adecuaci�n de las previsiones ordinamantales que incluyan los Entes p�blicos de caracterizaci�n local en el seno de la sanidad a la legislaci�n estatal o auton�mica. Del mismo modo, al comprobar cu�l es el posicionamiento jur�dico que la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 reconoce a los municipios, parece que este posicionamiento deber� siempre cohonestarse con esas previsiones vigentes en la legislaci�n estatal o auton�mica:

"3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las dem�s Administraciones P�blicas, tendr�n las siguientes responsabilidades m�nimas en relaci�n al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios: a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminaci�n atmosf�rica (...) b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones. c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana" (art. 42 ).

2.- "Se mantendr� un entorno de protecci�n de 200 metros alrededor de los espacios de concentraci�n y permanencia continuada de poblaci�n sensible, tales como guarder�as, centros de educaci�n infantil ..." (art. 8 ).

En este espacio litigioso basta con remitirnos a lo dicho en el apartado anterior, por cuanto si la Administraci�n local de la que procede la Ordenanza de 30 de abril de 2003 carece de competencia para asignar a las emisiones electromagn�ticas unos l�mites de exposici�n inferiores a los que aparecen en la normativa estatal, parece l�gico concluir que tampoco puede precisar mayores distancias de exposici�n en determinados supuestos particulares (lo que la normativa denomina espacios sensibles).

El Ayuntamiento de Sant Llu�s debe atenerse, de forma plena, a la regulaci�n b�sica estatal vigente en el �mbito de la protecci�n sanitaria por emisiones radioel�ctricas, sin introducir nuevos par�metros de control para los que carece de competencias.

3.- "... en los que se supere en m�s de cien veces (..) ser� necesario instalar una se�alizaci�n" (art. 7� ); "... implicase que en la zona en que se habr�a de ubicar alcanzar�a el 50 % de los valores permitidos por el Plan Especial de Telefon�a m�vil y el Real Decreto 1066/2001 , una superaci�n de los niveles de las zonas saturadas, conforme son definidas en la presente Ordenanza" (art. 9� ).

Tambi�n se anulan al incluirse valores inferiores a los vigentes en la normativa aplicable, normativa que viene constituida por el Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre ."

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se invoca un solo motivo de casaci�n, en que se denuncia la infracci�n del art. 42.3 de la Ley General de Sanidad , en relaci�n con los arts. 25 y 28 de la Ley reguladora de las Bases del R�gimen Local, y de los arts. 6.7 y 8.7 del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre , en conexi�n con el art. 43 de la Constituci�n Espa�ola.

Razona la Corporaci�n Local recurrente que los arts. 6, 7, 8 y 9 de la Ordenanza de referencia, contra cuya anulaci�n por la Sala de instancia se alza el recurso, vienen presididos por el denominador com�n de servir para el endurecimiento de los l�mites establecidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protecci�n del dominio p�blico radioel�ctrico, restricciones a las emisiones radioel�ctricas y medidas de protecci�n sanitaria frente a emisiones radioel�ctricas, pero siempre desde la perspectiva de la protecci�n de la salud, m�s que desde el punto de vista de las caracter�sticas t�cnicas de las instalaciones de telecomunicaciones.

Para abordar dichas cuestiones, la sentencia habr�a utilizado una argumentaci�n de car�cter gen�rico, en que, en suma, se sostiene que el Municipio no puede modificar o endurecer los l�mites establecidos en el Real Decreto 1066/2001 .

A continuaci�n, hace referencia el escrito de interposici�n a la tem�tica de cada uno de los art�culos anulados; el art. 6 estatuye medidas para minimizar el impacto de las emisiones electromagn�ticas en los espacios en que puedan permanecer habitualmente personas; el art. 7 regula la necesidad de se�alizar o impedir el paso a zonas en que no permanezcan habitualmente personas, pero que superen determinados niveles de contaminaci�n en las emisiones; el art. 8 a�ade medidas especiales de protecci�n en zonas sensibles, y, finalmente, el art. 9 faculta al Ayuntamiento a denegar la licencia urban�stica cuando una determinada zona adquiera un elevado nivel de saturaci�n de emisiones electromagn�ticas.

Defiende la parte que, con estas disposiciones, se atiende simplemente a razones de protecci�n de la salud y del medio ambiente, en que el Municipio ostenta competencia. En particular, llama la atenci�n sobre el art. 42 de la Ley General de Sanidad , en que se encomienda a los Ayuntamientos el control sanitario del medio ambiente; el de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones; y el de lugares y edificios de vida y convivencia humana. Asimismo, sobre los arts. 25 y 28 de la Ley reguladora de las Bases del R�gimen Local, y sobre las competencias y actividades complementarias de los Municipios a que los mismos se refieren. Y, finalmente, sobre las competencias locales en materia de urbanismo, medio ambiente y protecci�n del patrimonio hist�rico.

Y se extiende sobre los l�mites establecidos en el Real Decreto 1066/2001, en particular en su Anexo II , que en modo alguno pueden ser considerados inamovibles, sino susceptibles de mayor restricci�n, como atestigua su art. 8.7 . Porque, en definitiva, el hecho de que el Estado ostente competencias en materia de sanidad y telecomunicaciones, no puede servir de impedimento al ejercicio de las que el Municipio tiene asignadas por las leyes de r�gimen local, urban�sticas, sanitarias, de medio ambiente, etc�tera.

TERCERO.- De un modo preliminar, conviene recordar el marco en que se mueve el ejercicio de las competencias atribuidas a los Municipios cuando afecte a la regulaci�n de las telecomunicaciones, tal como fue expuesto en nuestras Sentencias de 15 de diciembre de 2003, rec. 3127/2001, y de 4 de julio de 2006, rec. 417/2004 , al resumir que:

" 1�) La competencia estatal en relaci�n con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de su competencia en materia urban�stica, con arreglo a la legislaci�n aplicable, incluyendo los aspectos de est�tica y seguridad de las edificaciones y medioambientales.

Por consiguiente, los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urban�stico, establecer condiciones para la instalaci�n de antenas y redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la v�a p�blica o de "calas y canalizaciones" o instalaciones en edificios (art. 4.1 a )LRBRL y 5 RSCL), tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares p�blicos (art�culo 25.2 a)), ordenaci�n del tr�fico de veh�culos y personas en las v�as urbanas (art�culo 25.2 b)), protecci�n civil, prevenci�n y extinci�n de incendios (art�culo 25.2 c)), ordenaci�n, gesti�n, ejecuci�n y disciplina urban�stica (art�culo 25.2 d)), protecci�n del medio ambiente (art�culo 25.2 f)), patrimonio hist�rico-art�stico (art�culo 25.2 e)) y protecci�n de la salubridad p�blica (art�culo 25.2 f)).

2�) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gesti�n encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede entrar en contradicci�n con el ordenamiento ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas.

Por ello puede resultar �til, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, el examen de los preceptos cuestionados desde las perspectivas de los par�metros que sirven para determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia intr�nseca de la entidad de la limitaci�n resultante para el derecho y del inter�s p�blico que se intenta preservar.

Pero, claro est�, sin negar in radice la competencia municipal para establecer mediante ordenanza una regulaci�n que contemple los intereses indicados."

En particular, en nuestro caso, la tem�tica litigiosa se centra en determinar si el Ayuntamiento que hoy ocupa la posici�n de recurrente, ten�a competencia para fijar l�mites adicionales a los contemplados para la emisi�n de radiaciones electromagn�ticas en el Real Decreto 1066/2001 . Al respecto, discrepan la sentencia impugnada, que considera que no cab�a tal posibilidad, y el Ayuntamiento recurrente, que considera posible establecer normas de protecci�n que superen los l�mites fijados en dicho reglamento, que en su opini�n simplemente tienen un car�cter de m�nimos.

Dicha cuesti�n, realmente, ha sido ya tratada y resuelta por esta Sala. En concreto, nos remitiremos, atendiendo a criterios de coherencia y de unidad de doctrina, a lo ya declarado en la Sentencia de 17 de noviembre de 2009, rec. 5583/2007 :

"El riesgo que la exposici�n prolongada a radiaciones electromagn�ticas, en especial las procedentes de las estaciones base de telefon�a m�vil, pueda ocasionar a la salud ha producido una honda preocupaci�n a la sociedad; por ello, el Gobierno aprob� el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protecci�n del dominio p�blico radioel�ctrico, restricciones a las emisiones radioel�ctricas y medidas de protecci�n sanitaria frente a emisiones radioel�ctricas.

Esta disposici�n general establece unos l�mites m�ximos de emisi�n que dependen de las frecuencias utilizadas y recoge los criterios de protecci�n sanitaria frente a campos electromagn�ticos procedentes de emisiones radioel�ctricas establecidos en la Recomendaci�n del Consejo de Europa de doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, relativa a la exposici�n al p�blico en general a los campos electromagn�ticos.

El hecho que este riesgo por los campos electromagn�ticos procedentes de emisiones radioel�ctricas no puede ser considerado cerrado desde una perspectiva estrictamente cient�fica, es l�gico que los Ayuntamientos en el �mbito de su propia competencia se sientan tentados a imponer medidas adicionales de protecci�n en esta materia, bien exigiendo, como acontece en el caso que enjuiciamos, l�mites o condiciones complementarios a los establecidos en el citado Real Decreto 1066/2001 , bien, estableciendo distancias de protecci�n frente a determinadas zonas sensibles -colegios, hospitales, parques y jardines p�blicos- estableciendo unas �reas de seguridad alrededor de esas zonas sensibles en los que no se permita la instalaci�n de estaciones emisoras de radiaciones electromagn�ticas.

De ah�, estas normas dentro del marco de la Ley 3/1998, de 27 de febrero , tienen una finalidad preventiva y pretenden la adaptaci�n de las licencias y mejoras t�cnicas disponibles, adecu�ndose como afirma la Administraci�n demandada a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Catalu�a, que corresponde a la doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala."

Como se ve, se trata de una doctrina la nuestra de todo punto contradictoria con la sostenida por la Sala de instancia, lo que nos obliga a casar su sentencia recurrida y, de conformidad con el art. 95.2 d) de la LJCA , resolver el recurso contencioso- administrativo en los t�rminos en que aparece planteado el debate.

Y, al hacerlo, tenemos que observar que, si bien es cierto que esta Sala, como acabamos de exponer, ha reconocido la legitimidad del se�alamiento por los Municipios, en el �mbito de sus competencias, de l�mites o condiciones complementarios a las medidas de protecci�n establecidas en el Real Decreto 1066/2001 , tambi�n lo es que, en diversas sentencias (baste con citar la de 10 de enero de 2007, rec. 4051/2004 ) hemos resaltado el casuismo con que debe observarse el ejercicio de las competencias municipales que afecten al campo de las telecomunicaciones. Y, en particular, hemos matizado en la Sentencia de 11 de mayo de 2006, rec, 9045/2003 , la necesidad de expurgar el Ordenamiento Jur�dico de aquellos preceptos que supongan inseguridad jur�dica o atribuyan una facultad omn�moda a los Ayuntamientos. Y esto �ltimo es lo que pasa, en nuestra opini�n, con la referencia que hace el art. 7.2 de la Ordenanza impugnada, bajo la r�brica "Medidas de aviso y protecci�n", al deber de los operadores titulares de la infraestructura de instalar vallas o mecanismos de aislamiento en las zonas o espacios en que no permanezcan habitualmente personas, si se supera en m�s de mil veces cuatro veces el l�mite de exposici�n a las emisiones electromagn�ticas, previsto con car�cter general en el art. 6.1 de la misma Ordenanza, cuando as� lo estime oportuno el Ayuntamiento . �ste �ltimo inciso incluye un fuerte elemento de incertidumbre jur�dica, y podr�a degenerar en una aplicaci�n de la norma contraria al principio de igualdad, al no fijarse los elementos o circunstancias ante cuya concurrencia el operador podr� esperar que el Ayuntamiento considere oportuna la instalaci�n de las vallas o mecanismos de aislamiento, dificultando en definitiva el control que los tribunales pudieran hacer de la actuaci�n administrativa.

Raz�n que nos lleva a estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo, en lo que se refiere a la anulaci�n del mencionado inciso cuando as� lo estime oportuno el Ayuntamiento , incorporado al art. 7.2 de la Ordenanza objeto de impugnaci�n.

Abordada, pues, la �nica raz�n por la que la Sala de instancia estim� el recurso contencioso-administrativo, y como quiera que la sentencia de instancia desestim� los dem�s motivos de impugnaci�n de la Ordenanza municipal esgrimidos en la demanda, habi�ndose aquietado la demandante ante dicha desestimaci�n al no recurrir y ni tan siquiera comparecer en la casaci�n, nos remitiremos a lo resuelto en aquella sentencia, desestimando en consecuencia el recurso contencioso-administrativo en todo lo dem�s.

CUARTO.- No procede hacer imposici�n de las costas de este recurso, a tenor del art�culo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , al no haberse producido la desestimaci�n total del recurso de casaci�n ni haber comparecido la parte recurrida, y, en cuanto a las de la primera instancia, tampoco se aprecian m�ritos concurrentes para su imposici�n a la vista del art. 139.1

FALLAMOS 1) Ha lugar al recurso de casaci�n interpuesto por la representaci�n procesal del Ayuntamiento de San Luis contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de fecha veintid�s de febrero de dos mil seis , reca�da en los autos n�mero 1017/2003, y, en su virtud: A) Casamos y anulamos la citada sentencia de veintid�s de febrero de dos mil seis ; B) Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1017/2003, interpuesto por "TELEF�NICA M�VILES ESPA�A, S.A." contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Luis (Menorca), de treinta de abril de dos mil tres, por el que se aprob� la Ordenanza municipal para la ordenaci�n de las instalaci�n de las infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagn�ticas (telefon�a m�vil), anulando el inciso "cuando as� lo estime oportuno el Ayuntamiento" de su art. 7.2; C ) No hacemos imposici�n de condena en las costas causadas en el recurso de casaci�n, y D) Tampoco hacemos imposici�n de las costas causadas en la instancia.

As� por esta nuestra sentencia, que se insertar� en la Colecci�n Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACI�N.- Le�da y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hall�ndose celebrando audiencia p�blica, ante m�, el Secretario. Certifico.

INFORMACI�N.ES: EL TRIBUNAL SUPREMO REFRENDA LA ORDENANZA DE ALCOY.

ER — 2010-05-13T11:57:25Z

El Supremo refrenda la ordenanza de telefon�a de Alcoy

El tribunal ratifica la norma que impide colocar antenas a menos de 100 metros de los colegios y centros sanitarios

08:24

M. CANDELA El Tribunal Supremo acaba de publicar una sentencia en la que, en l�neas generales, viene a refrendar la ordenanza de telefon�a aprobada a�os atr�s por el Ayuntamiento de Alcoy y, especialmente, la norma que impide colocar antenas para m�viles a menos de 100 metros de zonas catalogadas como "sensibles", como son colegios y centros sanitarios, seg�n recoge el texto del fallo, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. El litigio ha sido resuelto por la secci�n cuarta de la sala tercera del Supremo, a trav�s de un tribunal del que ha sido ponente el magistrado Antonio Mart� Garc�a, que, en concreto, ha rechazado un recurso interpuesto por Vodafone Espa�a, aunque hab�a sido instado inicialmente por Airtel Movil. Esta empresa recurri� por la v�a de lo contencioso-administrativo la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Alcoy en 2002, obteniendo una sentencia parcialmente favorable por parte del TSJ en 2005. Sin embargo, la mercantil, disconforme con la limitaci�n de distancia para las antenas y con la posibilidad de introducir medidas limitadoras por razones sanitarias, opt� por plantear un recurso ante el Supremo, que ha sido desestimado, seg�n el fallo publicado el pasado 6 de abril. El ponente, tras analizar la legislaci�n vigente y las sentencias precedentes, entiende que la ordenanza de Alcoy "tiende a garantizar la mejor organizaci�n territorial y la red de telefon�a m�vil a la oportuna protecci�n de los intereses p�blicos ambientales, urban�sticos y culturales". Tambi�n entiende que la impugnaci�n de "los l�mites de distancias y densidad de potencia resulta desacertada, por ser plenamente ajustado a derecho lo que resulta ser una invocaci�n de la exigibilidad en materia de exposici�n humana de la reglamentaci�n" general. En cuanto a la prohibici�n de instalar estaciones base de telefon�a m�vil a una distancia menor de 100 metros de "determinadas zonas sensibles", como colegios o centros sanitarios, el tribunal entiende que esta medida pretende "minimizar el impacto de los niveles de emisi�n sobre las personas en dichos espacios". Esta cuesti�n hab�a suscitado pol�mica en su momento en Alcoy, e incluso oblig� en su d�a a cambiar de ubicaci�n una antena colocada sobre un centro comercial. El Supremo entiende tambi�n, con respecto a la ordenanza, que las corporaciones locales est�n facultadas a ejercer competencias de protecci�n sanitaria de la poblaci�n, y se refiere a una sentencia anterior del propio tribunal en la que recoge que "el riesgo que la exposici�n prolongada a radiaciones electromagn�ticas en especial las procedentes de las estaciones base de telefon�a m�vil pueda ocasionar a la salud ha producido una honda preocupaci�n en la sociedad", lo que deriv� en la aprobaci�n de una normativa nacional. Por ello entiende "l�gico" que los ayuntamientos arbitren medidas de protecci�n. En base a estas consideraciones, el Supremo rechaza el recurso de casaci�n interpuesto por Vodafone Espa�a, SA contra la ordenanza de telefon�a m�vil de Alcoy. Curiosamente, hay que se�alar que el Ayuntamiento no concurri� al recurso de casaci�n.

VER NOTICIA ORIGINAL AQU�

Basauri quiere limitar al m�ximo las radiaciones de las antenas de telefon�a.

ER — 2009-12-21T16:21:20Z

20.12.09 - 02:53 - OCTAVIO IGEA | BASAURI. . El Ayuntamiento de Basauri quiere limitar al m�ximo las radiaciones que emiten las antenas de telefon�a ubicadas en la localidad. Para ello, estudia alejar estas instalaciones del centro urbano y ubicarlas en zonas, altas reduciendo as� su impacto sin menguar su cobertura. Una nueva ordenanza, en proceso de elaboraci�n, baraja estas alternativas y planea instalar en las calles medidores que permitan a cualquier vecino saber qu� nivel de exposici�n a las ondas electromagn�ticas sufre �segundo a segundo� y si se encuentran por encima del l�mite recomendado.

Estas son las propuestas que baraja el equipo de gobierno municipal -PSE y PP- tras recibir los resultados de un estudio de radiaciones electromagn�ticas que ha permitido conocer la afecci�n sobre cada punto de Basauri. El informe, basado en 76 mediciones aleatorias, ha sido realizado por el equipo del doctor Jos� Luis Bardasano, catedr�tico de la facultad de Medicina de la universidad de Alcal� de Henares y presidente de la fundaci�n europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud. Sus conclusiones revelan que al menos media docena de traves�as sufren una exposici�n superior a la recomendada. Esto no significa que las antenas sean ilegales. �Siguen emitiendo muy por debajo del l�mite legal permitido pero por encima del recomendado para que no afecten a la salud�, explica Enrique R�os, abogado de la Asociaci�n Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telefon�a (AVAATE) -una de las m�s activas del pa�s- y asesor legal del Consistorio en la elaboraci�n de la ordenanza.

El nuevo documento, que ver� la luz durante los primeros meses del pr�ximo a�o, buscar� rebajar los niveles de radiaci�n generales y proteger completamente los 'espacios sensibles' -colegios, guarder�as, residencias y parques-.

�Hay calles de Basauri en las que la radiaci�n es baj�sima y se puede utilizar el tel�fono m�vil con total normalidad: ese debe ser el objetivo para todos los sitios�, detalla R�os.

El control de las antenas de telefon�a es una prioridad en Basauri. El Ayuntamiento tiene constancia de hasta 35 instalaciones y desde 2002 una moratoria impide �por precauci�n� poner nuevas antenas, lo que le ha costado dos procesos judiciales con compa��as de telecomunicaciones.

Ver noticia original aqu�

RESOLUCI�N DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 2 DE ABRIL DE 2009, SOBRE LAS CONSIDERACIONES SANITARIAS RELACIONADAS CON LOS CAMPOS ELECTROMAGN�TICOS.

ER — 2009-04-06T16:28:20Z

El Parlamento Europeo ,

Vistos los art�culos 137, 152 y 174 del Tratado CE que tratan de promover un alto nivel de protecci�n de la salud humana, del medio ambiente y de la salud y la seguridad de los trabajadores,
Vistos la Recomendaci�n 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposici�n del p�blico en general a campos electromagn�ticos (0 Hz a 300 GHz)(1) , y el Informe de la Comisi�n, de 1 de septiembre de 2008, sobre la aplicaci�n de dicha Recomendaci�n (COM(2008)0532),
Vista la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones m�nimas de seguridad y de salud relativas a la exposici�n de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes f�sicos (campos electromagn�ticos) (decimoctava Directiva espec�fica con arreglo al apartado 1 del art�culo 16 de la Directiva 89/391/CEE)(2) ,
Vistas la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioel�ctricos y equipos terminales de telecomunicaci�n y reconocimiento mutuo de su conformidad(3) , y las respectivas normas de seguridad armonizadas para los tel�fonos m�viles y las estaciones de base,
Vista la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material el�ctrico destinado a utilizarse con determinados l�mites de tensi�n(4) ,
Vista su Resoluci�n, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisi�n intermedia del Plan de Acci�n Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010(5) ,
Vista su Resoluci�n, de 10 de marzo de 1999, sobre la propuesta de recomendaci�n del Consejo relativa a la limitaci�n de la exposici�n de los ciudadanos a los campos electromagn�ticos 0 Hz-300 GHz(6) ,
Visto el art�culo 45 de su Reglamento,
Visto el informe de la Comisi�n de Medio Ambiente, Salud P�blica y Seguridad Alimentaria (A6-0089/2009),

A. Considerando que los campos electromagn�ticos (CEM) existen en la naturaleza y, por lo tanto, siempre han estado presentes en la tierra, pero que en las �ltimas d�cadas la exposici�n medioambiental a fuentes de CEM producidas por los seres humanos ha aumentado de modo constante debido a la demanda de electricidad, las tecnolog�as inal�mbricas cada vez m�s sofisticadas y los cambios en la organizaci�n social, lo que significa que en la actualidad cada ciudadano est� expuesto a una mezcla compleja de campos el�ctricos y magn�ticos de diferentes frecuencias tanto en el hogar como en el trabajo,

B. Considerando que la tecnolog�a de los dispositivos inal�mbricos (tel�fono m�vil, Wifi-Wimax-Bluetooth, tel�fono de base fija "DECT") emite CEM que pueden producir efectos adversos para la salud humana,

C. Considerando que la mayor�a de los ciudadanos europeos, en particular los j�venes de 10 a 20 a�os, utiliza un tel�fono m�vil, objeto utilitario, funcional y de moda, y que subsisten dudas sobre los posibles riesgos que �ste puede entra�ar para la salud, en particular para los j�venes, cuyo cerebro a�n se est� desarrollando,

D. Considerando que la controversia en la comunidad cient�fica sobre los posibles riesgos para la salud debidos a los CEM se ha incrementado desde el 12 de julio de 1999, fecha en que se establecieron los l�mites de exposici�n del p�blico a los CEM (0 Hz a 300 GHz) mediante la Recomendaci�n 1999/519/CE,

E. Considerando que la ausencia de conclusiones formales de la comunidad cient�fica no ha impedido que algunos gobiernos nacionales o regionales, en al menos nueve Estados miembros de la Uni�n Europea, pero tambi�n en China, Suiza y Rusia, hayan fijado l�mites de exposici�n denominados preventivos y, por tanto, inferiores a los defendidos por la Comisi�n y su comit� cient�fico independiente, el Comit� cient�fico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados(7) ,

F. Considerando que hay que sopesar las medidas destinadas a limitar la exposici�n del p�blico en general a los CEM y las mejoras de la calidad de vida, en t�rminos de seguridad y protecci�n, que aportan los dispositivos que transmiten dichos campos,

G. Considerando que entre los proyectos cient�ficos que suscitan tanto el inter�s como la pol�mica figura el estudio epidemiol�gico INTERPHONE, financiado por la Uni�n por un importe de 3 800 000 euros, principalmente con cargo al V Programa marco de investigaci�n y desarrollo(8) y cuyos resultados se esperan desde 2006,

H. Considerando, sin embargo, que determinados extremos parecen concitar la unanimidad, especialmente los que establecen el car�cter variable de las reacciones individuales a la exposici�n a las microondas, la necesidad de efectuar pruebas de exposici�n de dimensiones reales principalmente para evaluar los efectos no t�rmicos asociados a los campos de radiofrecuencia y la especial vulnerabilidad de los ni�os en caso de exposici�n a los campos electromagn�ticos(9) ,

I. Considerando que la Uni�n ha fijado l�mites de exposici�n para proteger a los trabajadores frente a los efectos de los CEM; considerando que, en aplicaci�n del principio de cautela, tambi�n deben tomarse medidas semejantes con respecto a los sectores de la poblaci�n afectados, como residentes y consumidores,

J. Considerando que la encuesta especial del Eurobar�metro sobre los campos electromagn�ticos (n� 272a de 27 de junio de 2007) indica que la mayor�a de los ciudadanos estima que las autoridades p�blicas no les informan adecuadamente de las medidas para protegerlos de los CEM,

K. Considerando que es necesario continuar investigando en relaci�n con las frecuencias intermedias y particularmente bajas, de forma que puedan extraerse conclusiones sobre los efectos de las mismas en la salud,

L. Considerando que la Directiva 2004/40/CE no debe cuestionar el uso de la imagen cl�nica por resonancia magn�tica (IRM), pues se trata de una tecnolog�a de vanguardia de la investigaci�n, el diagn�stico y el tratamiento de enfermedades mortales para los pacientes en Europa,

M. Considerando que la norma de seguridad IEC/EN 60601-2-33 fija valores l�mite para los CEM, que se han determinado de forma que quede excluido todo peligro para los pacientes o los trabajadores,

1. Insta a la Comisi�n a que revise el fundamento cient�fico y la adecuaci�n de los l�mites de CEM fijados en la Recomendaci�n 1999/519/CE e informe al respecto al Parlamento; pide que sea el Comit� cient�fico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados quien efect�e dicha revisi�n;

2. Pide que se preste especial atenci�n a los efectos biol�gicos cuando se eval�e el posible impacto sobre la salud de las radiaciones electromagn�ticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy bajo nivel ya tienen efectos muy nocivos; pide que se investigue activamente sobre los posibles riesgos para la salud y se llegue a soluciones que anulen o reduzcan la pulsaci�n y la modulaci�n de la amplitud de las frecuencias que se usan para la transmisi�n;

3. Subraya que paralela o alternativamente a esta modificaci�n de los l�mites europeos de CEM, ser�a razonable que la Comisi�n elaborase, en coordinaci�n con los expertos de los Estados miembros y los sectores de la industria interesados (empresas el�ctricas, operadores de telefon�a y fabricantes de aparatos el�ctricos, en especial, de tel�fonos m�viles), una gu�a de las opciones tecnol�gicas disponibles y eficaces para reducir la exposici�n de un lugar a los CEM;

4. Precisa que los agentes industriales, as� como los gestores de infraestructuras relevantes y las autoridades competentes ya pueden intervenir sobre algunos factores, como mediante la adopci�n de disposiciones en lo que se refiere a la distancia entre el lugar de que se trate y los emisores o la altitud del lugar con respecto a la elevaci�n de la antena de relevo y la direcci�n de la antena emisora con respecto a los lugares habitados, con la intenci�n evidente de tranquilizar y proteger mejor a las poblaciones que viven cerca de estas instalaciones; pide que se busquen emplazamientos �ptimos para los m�stiles y transmisores y que los proveedores compartan los m�stiles y transmisores en los mejores emplazamientos, con el fin de limitar la proliferaci�n de m�stiles y transmisores mal situados; pide a la Comisi�n y a los Estados miembros que elaboren las directrices adecuadas;

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que creen un r�gimen de ventanilla �nica para la autorizaci�n de instalaci�n de antenas y repetidores, y que incluyan un plan regional de antenas en sus planes de desarrollo urbano;

6. Alienta a las administraciones responsables de expedir las autorizaciones de emplazamiento de antenas de telefon�a m�vil a que, conjuntamente con los operadores del sector, acuerden compartir las infraestructuras para reducir su n�mero y la exposici�n de la poblaci�n a los CEM;

7. Reconoce los esfuerzos de las comunicaciones m�viles y de otras tecnolog�as inal�mbricas transmisoras de CEM para evitar da�os al medio ambiente y, en particular, para afrontar el cambio clim�tico;

8. Considera que, dada la proliferaci�n de litigios judiciales e incluso de medidas de suspensi�n provisional dictadas por las autoridades p�blicas sobre la instalaci�n de nuevos equipos transmisores de CEM, redunda en el inter�s general favorecer soluciones basadas en el di�logo entre la industria, las autoridades p�blicas, las autoridades militares y las asociaciones de vecinos en relaci�n con los criterios para la instalaci�n de nuevas antenas GSM o de l�neas de alta tensi�n, y garantizar al menos que las escuelas, guarder�as, residencias de ancianos y los centros de salud se sit�en a una distancia espec�fica de este tipo de equipos, fijada de acuerdo con criterios cient�ficos;

9. Pide a los Estados miembros que junto con los operadores del sector pongan a disposici�n del p�blico mapas de exposici�n de las instalaciones de l�neas de alta tensi�n, de radiofrecuencias y microondas, especialmente las producidas por las torres de telecomunicaciones, repetidores de radio y antenas de telefon�a; pide que dicha informaci�n se exponga en una p�gina de internet para su f�cil consulta por el p�blico, y que se divulgue a trav�s de los medios de comunicaci�n;

10. Propone a la Comisi�n que eval�e la posibilidad de utilizar los fondos de las Redes Transeuropeas de energ�a para estudiar los efectos de los CEM en frecuencias especialmente bajas y en particular en las l�neas de distribuci�n de energ�a el�ctrica;

11. Pide a la Comisi�n que inicie durante la legislatura 2009-2014 un programa ambicioso de compatibilidad electromagn�tica entre las ondas creadas artificialmente y las emitidas naturalmente por el cuerpo humano, que pueda determinar en el futuro si las microondas tienen consecuencias negativas para la salud humana;

12. Pide a la Comisi�n que presente un informe anual sobre el nivel de radiaci�n electromagn�tica en la Uni�n, sus fuentes y las medidas que se han tomado en la Uni�n para una mejor protecci�n de la salud humana y del medio ambiente;

13. Pide a la Comisi�n que encuentre una soluci�n para acelerar la aplicaci�n de la Directiva 2004/40/CE y garantizar as� que los trabajadores est�n eficazmente protegidos frente a los CEM, como ya lo est�n del ruido(10) y de las vibraciones(11) por otros dos textos comunitarios, y que establezca una excepci�n para la IRM en virtud del art�culo 1 de dicha Directiva;

14. Lamenta que, con motivo de un aplazamiento sistem�tico desde 2006, a�n no se hayan publicado las conclusiones del estudio epidemiol�gico internacional denominado INTERPHONE, cuyo objetivo es estudiar si existe una relaci�n entre el uso del tel�fono m�vil y determinados tipos de c�ncer, en particular tumores cerebrales, del nervio auditivo y de la gl�ndula par�tida;

15. Subraya, en este contexto, la llamada a la prudencia lanzada por la coordinadora del estudio INTERPHONE, Elisabeth Cardis, que, sobre la base de los conocimientos actuales, recomienda para los ni�os un uso razonable del tel�fono m�vil y un uso preferente del tel�fono fijo;

16. Considera que en todos los casos le corresponde a la Comisi�n, habida cuenta de su importante contribuci�n a la financiaci�n de este estudio mundial, preguntar a los responsables del proyecto por los motivos de la no publicaci�n definitiva del mismo y, a falta de respuesta, informar inmediatamente al Parlamento y a los Estados miembros;

17. Sugiere asimismo a la Comisi�n, en aras de la eficacia pol�tica y presupuestaria, que se reoriente en parte la financiaci�n comunitaria de estudios sobre los CEM hacia una campa�a general de sensibilizaci�n de los j�venes europeos en materia de buenas pr�cticas en el uso del tel�fono m�vil como, por ejemplo, usar dispositivos de manos libres, realizar llamadas cortas, apagar los tel�fonos cuando no se utilicen (por ejemplo, durante las clases) y usar el tel�fono m�vil en zonas con buena cobertura;

18. Estima que estas campa�as de sensibilizaci�n tambi�n deben familiarizar a los j�venes europeos con los riesgos para la salud asociados con los aparatos dom�sticos y la importancia de apagarlos en vez de dejarlos en modo de espera;

19. Pide a la Comisi�n y a los Estados miembros que incrementen los fondos de investigaci�n y desarrollo (I+D) para evaluar los posibles efectos negativos a largo plazo de las radiofrecuencias de la telefon�a m�vil; pide asimismo que aumenten las convocatorias p�blicas para investigar los efectos nocivos de la multiexposici�n a diferentes fuentes de CEM, en particular cuando ata�e a la poblaci�n infantil;

20. Propone a�adir al mandato del Grupo Europeo de �tica de las Ciencias y de las Nuevas Tecnolog�as una misi�n de evaluaci�n de la integridad cient�fica para ayudar a la Comisi�n a evitar posibles situaciones de riesgo, de conflictos de inter�s o incluso de fraude que pudieran producirse en un contexto de creciente competencia para los investigadores;

21. Pide a la Comisi�n, en reconocimiento de la preocupaci�n p�blica en muchos Estados miembros, que trabaje con todas las partes interesadas, tales como expertos nacionales, organizaciones no gubernamentales y sectores industriales, para mejorar la disponibilidad y el acceso a informaci�n actualizada comprensible para los profanos en materia de tecnolog�a inal�mbrica y de normas de protecci�n;

22. Pide a la Comisi�n Internacional de Protecci�n contra las Radiaciones No Ionizantes y a la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS) que se muestren m�s transparentes y abiertas al di�logo con todas las partes interesadas a la hora de fijar normas;

23. Denuncia determinadas campa�as de comercializaci�n de algunos operadores de telefon�a particularmente agresivas con ocasi�n de las celebraciones navide�as y otras fechas se�aladas, como la venta de tel�fonos m�viles destinados exclusivamente a los ni�os o las ofertas de "minutos libres" dirigidas a los adolescentes;

24. Propone que en su pol�tica de calidad del aire interior la Uni�n introduzca el estudio de los aparatos dom�sticos inal�mbricos que, como el acceso inal�mbrico a internet y el tel�fono fijo inal�mbrico "DECT" (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), se han generalizado en los �ltimos a�os en los lugares p�blicos y las viviendas, exponiendo a los ciudadanos a una emisi�n continua de microondas;

25. Reclama, en un deseo permanente de mejora de la informaci�n de los consumidores, que se modifiquen las normas t�cnicas del Comit� Europeo de Normalizaci�n Electrot�cnica a fin de imponer un requisito de etiquetado relativo a la potencia de las emisiones y en el que se indique, en el caso de los dispositivos inal�mbricos, que emiten microondas;

26. Pide al Consejo y a la Comisi�n que, en coordinaci�n con los Estados miembros y el Comit� de las Regiones, promueva el establecimiento de una norma �nica para reducir al m�nimo la exposici�n de los vecinos en caso de ampliaci�n de la red de l�neas el�ctricas de alta tensi�n;

27. Manifiesta su profunda preocupaci�n por el hecho de que las compa��as de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las p�lizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya est�n aplicando su propia versi�n del principio de cautela;

28. Pide a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad el�ctrica, con el fin de garantizar una protecci�n adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resoluci�n al Consejo y a la Comisi�n, as� como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Comit� de las Regiones y a la OMS.

(1)DO L 199 de 30.7.1999, p. 59. (2)DO L 159 de 30.4.2004, p. 1. (3)DO L 91 de 7.4.1999, p. 10. (4)DO L 374 de 27.12.2006, p. 10. (5)Textos Aprobados, P6_TA(2008)0410. (6)DO C 175 de 21.6.1999, p. 129. (7)Dictamen de 21 de marzo de 2007 aprobado en la 16� sesi�n plenaria del Comit�. (8)Programa Calidad de Vida, con el n�mero de contrato QLK4-1999-01563. (9)Estudio de STOA, de marzo de 2001, sobre los "efectos fisiol�gicos y medioambientales de la radiaci�n electromagn�tica no ionizante" PE 297.574. (10)Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones m�nimas de seguridad y de salud relativas a la exposici�n de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes f�sicos (ruido) (decimos�ptima Directiva espec�fica con arreglo al apartado 1 del art�culo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 42 de 15.2.2003, p. 38). (11)Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones m�nimas de seguridad y de salud relativas a la exposici�n de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes f�sicos (vibraciones) (decimosexta Directiva espec�fica con arreglo al apartado 1 del art�culo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 177 de 6.7.2002, p. 13).

Sentencia ejemplarizante del Tribunal de Apelaci�n de Versalles (Francia). Le danger des antennes-relais pour la sant� enfin reconnu !

CB — 2009-02-06T23:27:57Z

Sentencia ejemplarizante del Tribunal de Apelaci�n de Versalles (Francia). Le danger des antennes-relais pour la sant� enfin reconnu.

Por fin es reconocido que las antenas de telefon�a son un peligro para la salud

Liberaci�n de 5 de febrero de 2009

Los senadores y senadoras Verdes acogieron con satisfacci�n la decisi�n del Tribunal de Apelaci�n de Versalles que ordena el desmantelamiento de una antena repetidora de Bouygues Telecom en Tassin la Demi-lune en el R�dano.

Esta decisi�n confirma la condena por el Tribunal de Nanterre contra Bouygues Telecom, considerando que la presencia de un bucle de antena para tel�fonos m�viles cerca de un barrio residencial produce trastornos anormales en la zona.

Esta decisi�n le da reconocimiento jur�dico a los riesgos planteados por las antenas de telefon�a m�vil sobre la salud humana, que puede dar lugar a graves trastornos, tales como c�nceres.

La decisi�n recae en particular sobre la Iniciativa de BIO-INICIATIVA 2007, que fue creado por un grupo de cient�ficos independientes, y que pide a las autoridades p�blicas de cada pa�s que revisen las normas de la exposici�n los campos electromagn�ticos.

Ahora es al Gobierno a quien corresponde tomar la responsabilidad de establecer nuevas normas para proteger la salud de la poblaci�n y as� evitar que suceda una nueva cat�strofe sanitaria.

Le danger des antennes-relais pour la sant� enfin reconnu ! Communiqu� du 5 f�vrier 2009

Les S�natrices et S�nateurs Verts se f�licitent de la d�cision de la Cour d'Appel de Versailles d'ordonner le d�montage d'une antenne-relais Bouygues Telecom � Tassin la Demi-lune dans le Rh�ne.

Cette d�cision vient confirmer la condamnation prononc�e par le Tribunal de Nanterre � l'encontre de la soci�t� Bouygues Telecom consid�rant que la pr�sence d'une antenne-relais de t�l�phonie mobile � proximit� d'habitations constitue un trouble anormal de voisinage r�parable par le d�montage de l'antenne.

Ce jugement apporte une reconnaissance juridique aux risques que font courir les antennes-relais de t�l�phonie mobile pour la sant� humaine, qui peuvent notamment se traduire par des troubles extr�mement graves comme des cancers.

La d�cision s'appuie en particulier sur le rapport BIO-INITIATIVES de 2007 qui a �t� r�alis� par un groupe de scientifiques ind�pendants des industriels et des op�rateurs de t�l�phonie mobile, et qui appelle les autorit�s publiques de chaque pays � revoir les normes d'exposition aux champs �lectromagn�tiques.

Il revient donc d�sormais au gouvernement de prendre ses responsabilit�s pour fixer de nouvelles normes plus protectrices de la sant� de la population et ainsi �viter qu'une nouvelle catastrophe sanitaire ne se produise.

Ver el dossier y la sentencia completa AQU�

Resoluci�n del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisi�n intermedia del Plan de Acci�n Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (2007/2252(INI)): 21. Manifiesta gran inter�s por el informe internacional Bio-Iniciativa(8) sobre los campos electromagn�ticos, que resume m�s de 1 500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones se�alan los peligros que entra�an para la salud las emisiones de telefon�a m�vil, tales como el tel�fono port�til, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el tel�fono de base fija "DECT"; 22. Constata que los l�mites de exposici�n a los campos electromagn�ticos establecidos para el p�blico son obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendaci�n 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposici�n del p�blico en general a campos electromagn�ticos (0 Hz a 300 GHz)(9) , l�gicamente no tienen en cuenta la evoluci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y la comunicaci�n, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisi�n m�s exigentes adoptadas, por ejemplo, por B�lgica, Italia o Austria, y no abordan la cuesti�n de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los reci�n nacidos y los ni�os; 23. Pide, por tanto, al Consejo, que modifique su Recomendaci�n 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores pr�cticas nacionales y fijar as� valores l�mite de exposici�n m�s exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagn�ticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz;

CB — 2008-09-11T22:15:36Z

Resoluci�n del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisi�n intermedia del Plan de Acci�n Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010 (2007/2252(INI)) El Parlamento Europeo ,

Vista la Comunicaci�n de la Comisi�n al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comit� Econ�mico y Social Europeo titulada "Revisi�n intermedia del Plan de Acci�n Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010" (COM(2007)0314),

Vista su Resoluci�n de 23 de febrero de 2005 sobre el Plan de Acci�n Europeo sobre Medio Ambiente y Salud (2004-2010)(1) ,

Visto el informe de la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS), de 27 de julio de 2007, titulado Principles for Evaluating Health Risks in Children Associated with Exposure to Chemicals (Principios para la evaluaci�n de riesgos para la salud de los ni�os vinculados a la exposici�n a productos qu�micos),

Vistos los art�culos 152 y 174 del Tratado CE, que abogan por un alto nivel de protecci�n de la salud humana y del medio ambiente,

Vista la Decisi�n no 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se establece el segundo Programa de acci�n comunitaria en el �mbito de la salud (2008-2013)(2) ,

Visto el art�culo 45 de su Reglamento,

Visto el informe de la Comisi�n de Medio Ambiente, Salud P�blica y Seguridad Alimentaria (A6-0260/2008),

A. Considerando con inter�s que, desde 2003, la Uni�n Europea basa su pol�tica de protecci�n de la salud en una colaboraci�n muy estrecha entre los �mbitos de la salud, el medio ambiente y la investigaci�n, lo que permite esperar, en un futuro pr�ximo, la puesta en marcha de una estrategia europea coherente e integrada en materia de salud medioambiental,

B. Considerando que los principales ejes de acci�n de la Uni�n en el marco de su primer Plan de acci�n europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) (COM(2004)0416), es decir, preparar los indicadores, desarrollar una vigilancia integral, recopilar y evaluar los datos pertinentes y multiplicar la investigaci�n, permitir�n una mejor comprensi�n de las interacciones entre las fuentes de contaminaci�n y los efectos sanitarios, pero que son claramente insuficientes para reducir el n�mero creciente de enfermedades vinculadas a factores medioambientales,

C. Considerando que es casi imposible elaborar un balance intermedio de dicho plan de acci�n, habida cuenta de que no persigue ning�n objetivo claro y cifrado y de que su presupuesto global es dif�cil de determinar y claramente insuficiente para garantizar su promoci�n eficaz,

D. Considerando que, dado que el programa de salud p�blica (2008-2013) tiene como objetivo principal actuar sobre las determinantes tradicionales de la salud, como la alimentaci�n, el tabaquismo y el consumo de alcohol y de drogas, el presente Plan de acci�n (2004-2010) deber�a centrarse en los nuevos retos sanitarios y abordar adem�s los factores medioambientales determinantes que afectan a la salud humana, tales como la calidad del aire exterior e interior, las ondas electromagn�ticas, las nanopart�culas y las sustancias qu�micas muy peligrosas (sustancias carcin�genas, mut�genas o t�xicas para la reproducci�n (CMR), perturbadores endocrinos), as� como los riesgos sanitarios derivados del cambio clim�tico,

E. Considerando que las enfermedades respiratorias son la segunda causa de mortalidad, incidencia, prevalencia y gasto en la Uni�n, que constituyen la principal causa de mortalidad infantil en los ni�os menores de cinco a�os y que siguen desarroll�ndose, en particular, a causa de la contaminaci�n del aire exterior e interior,

F. Considerando que la contaminaci�n atmosf�rica, principalmente relacionada con las part�culas finas y el ozono a nivel del suelo, constituye una importante amenaza para la salud, al afectar al correcto desarrollo de los ni�os y causar una disminuci�n de la esperanza de vida en la UE(3) ,

G. Considerando que, en lo relativo a la salud urbana ambiental, en particular la calidad del aire interior, la Comunidad, respetando los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, debe reforzar sus acciones contra la contaminaci�n dom�stica, habida cuenta de que el ciudadano europeo pasa una media del 90 % de su vida dentro de los h�bitats,

H. Considerando que las Conferencias Ministeriales de la OMS de 2004 y 2007 sobre medioambiente y salud han se�alado los v�nculos que existen entre la compleja influencia combinada de los contaminantes qu�micos y algunas alteraciones y enfermedades cr�nicas, en particular de los ni�os; considerando que estos datos tambi�n constan en los documentos oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Qu�mica (FISQ),

I. Considerando que cada vez son m�s numerosos los datos cient�ficos que indican que determinados tipos de c�ncer, como el c�ncer de vejiga, de huesos, de pulm�n, de piel, de mama y otros, se deben no s�lo a los productos qu�micos, las radiaciones y las part�culas en suspensi�n en el aire, sino tambi�n a otros factores medioambientales,

J. Considerando que, junto a esta evoluci�n problem�tica en materia de salud medioambiental, en los �ltimos a�os han aparecido nuevas enfermedades o s�ndromes de enfermedades, tales como la hipersensibilidad qu�mica m�ltiple, el s�ndrome de las amalgamas dentales, la hipersensibilidad a los campos electromagn�ticos, el s�ndrome de los edificios enfermos o el d�ficit de atenci�n con hiperactividad (Attention deficit and hyperactivity syndrome ) en los ni�os,

K. Considerando que el principio de precauci�n est� expresamente incluido en el Tratado desde 1992 y que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en numerosas ocasiones, ha precisado el contenido y el alcance de este principio de Derecho comunitario como uno de los fundamentos de la pol�tica de protecci�n de la Comunidad en el �mbito del medio ambiente y la salud(4) ,

L. Considerando el car�cter extremadamente obligatorio, e incluso inaplicable, de los criterios contemplados por la Comisi�n en su Comunicaci�n de 2 de febrero de 2000 sobre el recurso al principio de precauci�n (COM(2000)0001),

M. Considerando la importancia del control biol�gico humano como herramienta de evaluaci�n del nivel de exposici�n de la poblaci�n europea a los efectos de la contaminaci�n, as� como la voluntad expresada por el Parlamento en el apartado 3 de la citada Resoluci�n de 23 de febrero de 2005, as� como en las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 20 de diciembre de 2007, de poner en marcha cuanto antes un programa de control biol�gico a escala de la Uni�n,

N. Considerando que es sabido que el cambio clim�tico puede desempe�ar un papel importante en el aumento de la gravedad y la incidencia de algunas enfermedades y, en particular, que la frecuencia de las olas de calor, las inundaciones y los incendios naturales, que constituyen los desastres naturales m�s frecuentes en la Uni�n, pueden causar enfermedades, condiciones sanitarias deficientes y muertes adicionales, y reconociendo al mismo tiempo el impacto positivo en la salud de las medidas de mitigaci�n del cambio clim�tico,

O. Considerando que el cambio clim�tico es un importante factor que repercutir� en la salud humana causando, entre otros, un aumento de determinadas enfermedades infecciosas y parasitarias, debido principalmente a la variaci�n de la temperatura y la humedad y a sus efectos en los ecosistemas, la fauna, la flora, los insectos, los par�sitos, los protozoos, los microbios y los virus,

P. Considerando que la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuaci�n en el �mbito de la pol�tica de aguas(5) y las correspondientes directivas de desarrollo establecen normas claras para la conservaci�n y el restablecimiento de un medio acu�tico sano,

Q. Considerando que la medicina del medio ambiente es una nueva asignatura m�dica que se basa en una ense�anza universitaria a�n muy fragmentada y desigual en los Estados miembros y que debe ser apoyada y fomentada en el seno de la Uni�n,

R. Considerando que el n�mero de personas que enferman por culpa de factores medioambientales sigue en aumento y que debe establecerse un registro epidemiol�gico que ofrezca un cuadro completo de las enfermedades vinculadas, parcial o totalmente, a factores medioambientales,

1. Reconoce los esfuerzos realizados por la Comisi�n desde el lanzamiento del plan de acci�n en 2004, en particular, en materia de mejora de la cadena de informaci�n sobre el medio ambiente y la salud, de integraci�n y fortalecimiento de la investigaci�n europea en este �mbito y de cooperaci�n con los organismos internacionales especializados, tales como la OMS;

2. Considera, no obstante, que dicho plan de acci�n lleva consigo los g�rmenes del fracaso, ya que s�lo tiene por objeto acompa�ar a las pol�ticas comunitarias existentes, no se basa en una pol�tica de prevenci�n destinada a reducir las enfermedades vinculadas a los factores medioambientales y no persigue ning�n objetivo claro y cifrado;

3. Indica a la Comisi�n que ya se ha ejecutado un programa bajo la �gida de la OMS y que como parte de ese programa los Estados miembros de la OMS crearon sus propios planes nacionales y locales de salud ambiental con objetivos espec�ficos y medidas de ejecuci�n; recomienda, por consiguiente, a la Comisi�n que revise ese programa de la OMS para servirse eventualmente de �l en el futuro como un �til modelo para la UE;

4. Lamenta profundamente que la Comisi�n y, en particular, la Direcci�n General "Investigaci�n", no hayan destinado fondos suficientes al control biol�gico humano en 2008, con el fin de cumplir su compromiso con los Estados miembros y el Parlamento de crear un enfoque coherente del control biol�gico en la Uni�n;

5. Insta a la Comisi�n a que, antes de 2010, cumpla dos objetivos fundamentales que ella misma se hab�a fijado en 2004 y establezca y aplique una estrategia viable de comunicaci�n para esos objetivos, es decir, por una parte, la sensibilizaci�n de los ciudadanos europeos en materia de contaminaci�n medioambiental y de las consecuencias para su salud, y por otra parte, la revisi�n y adaptaci�n de la pol�tica europea de reducci�n de riesgos;

6. Recomienda firmemente a la Comisi�n y a los Estados miembros que respeten sus obligaciones en cuanto a la aplicaci�n de la legislaci�n comunitaria;

7. Recuerda que es necesario tener en cuenta como punto de partida, para la evaluaci�n del impacto de los factores medioambientales en la salud, a los grupos de personas vulnerables, como por ejemplo las mujeres embarazadas, los reci�n nacidos, los ni�os y las personas de edad avanzada;

8. Pide que se tenga especialmente en cuenta a los grupos vulnerables, que son los m�s sensibles a los contaminantes, introduciendo medidas destinadas a reducir la exposici�n a los contaminantes ambientales interiores en los centros sanitarios y las escuelas mediante la adopci�n de buenas pr�cticas en materia de gesti�n de la calidad del aire interior;

9. Pide encarecidamente a la Comisi�n que, en el marco de las revisiones legislativas, no debilite la legislaci�n existente bajo la presi�n de grupos de inter�s o de organizaciones regionales o internacionales;

10. Recuerda que es necesario que la Uni�n aplique un enfoque permanente din�mico y flexible en relaci�n con el Plan de Acci�n y que, por consiguiente, es esencial que se dote de una experiencia espec�fica en materia de salud medioambiental, basada en su car�cter transparente, multidisciplinario y contradictorio, con el fin de dar una respuesta a la desconfianza del p�blico en general respecto de las agencias y comit�s de expertos oficiales; destaca la importancia de apoyar la formaci�n de los profesionales sanitarios mediante el intercambio de buenas pr�cticas a escala comunitaria;

11. Se�ala que los �ltimos a�os han estado marcados por verdaderos avances en materia de pol�tica medioambiental, por ejemplo, la reducci�n de la contaminaci�n del aire, la mejora de la calidad de las aguas, la pol�tica de recolecci�n y reciclado de residuos, el control de los productos qu�micos y la prohibici�n de la gasolina con plomo, pero constata al mismo tiempo que la pol�tica europea sigue marcada por la falta de estrategia global y preventiva y por el escaso recurso al principio de precauci�n;

12. Pide a la Comisi�n que revise los criterios contemplados en su Comunicaci�n sobre el recurso al principio de precauci�n, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y con objeto de que dicho principio de acci�n y seguridad, centrado en la adopci�n de medidas provisionales y proporcionadas, est� presente en todas las pol�ticas comunitarias en materia de salud y medio ambiente;

13. Considera que la inversi�n de la carga de la prueba en lo relativo a la inocuidad del producto, para que recaiga en el productor o importador, permitir�a promover una pol�tica basada en la prevenci�n, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) n� 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluaci�n, la autorizaci�n y la restricci�n de las sustancias y preparados qu�micos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Qu�micos(6) , y alienta a la Comisi�n a que incluya esta obligaci�n en la legislaci�n comunitaria sobre todos los productos; considera que debe evitarse cualquier incremento de la experimentaci�n con animales en el marco del Plan de Acci�n, y que deben tenerse plenamente en cuenta la evoluci�n y el uso de m�todos alternativos;

14. Reitera su petici�n a la Comisi�n para que presente lo antes posible medidas concretas sobre la calidad del aire interior, que garanticen un elevado nivel de protecci�n de la seguridad y la salud de los interiores, en particular a la hora de revisar la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximaci�n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcci�n(7) , y para que proponga medidas destinadas a incrementar la eficacia energ�tica de los edificios y la seguridad e inocuidad de los componentes qu�micos utilizados en la fabricaci�n de equipos y mobiliario;

15. Recomienda, con vistas a reducir los efectos nocivos del medio ambiente en la salud, que la Comisi�n pida a los Estados miembros que mediante medidas fiscales u otros incentivos econ�micos animen a los actores del mercado a mejorar la calidad del aire interior y reducir la exposici�n a la radiaci�n electromagn�tica en sus edificios, sucursales y oficinas;

16. Recomienda que la Comisi�n establezca los requisitos m�nimos adecuados para velar por la calidad del aire interior de los edificios de nueva construcci�n;

17. Recomienda que, a la hora de conceder las diferentes ayudas de la Uni�n Europea, la Comisi�n tenga presente su impacto en la calidad del aire interior, la exposici�n a la radiaci�n electromagn�tica y la salud de los grupos particularmente vulnerables de la poblaci�n en los diferentes proyectos, de manera similar a como se examinan los requisitos de protecci�n ambiental;

18. Pide que las normas de calidad ambiental aplicables a la presencia de sustancias prioritarias en el agua se establezcan conforme a los conocimientos cient�ficos m�s recientes y se actualicen regularmente en funci�n de los avances cient�ficos;

19. Se�ala que algunos Estados miembros han creado laboratorios m�viles de an�lisis o "ambulancias verdes", con el fin de elaborar un diagn�stico r�pido y fiable de la contaminaci�n del h�bitat en los lugares p�blicos y privados; considera que la Comisi�n podr�a fomentar esta pr�ctica en los Estados miembros que a�n no se han dotado de este modelo de intervenci�n directa en el lugar contaminado;

20. Manifiesta su especial preocupaci�n por la inexistencia de disposiciones legales que garanticen la seguridad de los productos de consumo que contienen nanopart�culas y por la relajada actitud de la Comisi�n con respecto a la necesidad de revisar el marco reglamentario para el uso de nanopart�culas en los productos de consumo ante el creciente n�mero de productos de consumo que contienen nanopart�culas que se comercializan;

21. Manifiesta gran inter�s por el informe internacional Bio-Iniciativa(8) sobre los campos electromagn�ticos, que resume m�s de 1 500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones se�alan los peligros que entra�an para la salud las emisiones de telefon�a m�vil, tales como el tel�fono port�til, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el tel�fono de base fija "DECT";

22. Constata que los l�mites de exposici�n a los campos electromagn�ticos establecidos para el p�blico son obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendaci�n 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposici�n del p�blico en general a campos electromagn�ticos (0 Hz a 300 GHz)(9) , l�gicamente no tienen en cuenta la evoluci�n de las tecnolog�as de la informaci�n y la comunicaci�n, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisi�n m�s exigentes adoptadas, por ejemplo, por B�lgica, Italia o Austria, y no abordan la cuesti�n de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los reci�n nacidos y los ni�os;

23. Pide, por tanto, al Consejo, que modifique su Recomendaci�n 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores pr�cticas nacionales y fijar as� valores l�mite de exposici�n m�s exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagn�ticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz;

24. Toma muy en serio las m�ltiples amenazas sanitarias como consecuencia del calentamiento clim�tico en el territorio de la Uni�n y pide una cooperaci�n reforzada entre la OMS, las autoridades nacionales de control, la Comisi�n y el Centro Europeo para la Prevenci�n y el Control de las Enfermedades, con el fin de reforzar el sistema de alerta temprana y limitar las consecuencias negativas del cambio clim�tico para la salud;

25. Subraya que el Plan de Acci�n mejorar�a si incluyera los efectos negativos del cambio clim�tico para la salud humana, preparando medidas eficaces de adaptaci�n necesarias a nivel comunitario, a saber: - programas sistem�ticos de educaci�n p�blica y de sensibilizaci�n; - la integraci�n de las medidas de adaptaci�n al cambio clim�tico en las estrategias y los programas de salud p�blica, como las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la salud de los trabajadores y las enfermedades animales peligrosas para la salud; - una vigilancia adecuada orientada a la detecci�n precoz de los brotes de enfermedades; - sistemas de alerta y respuesta r�pida en el �mbito de la salud; - la coordinaci�n de las redes existentes de seguimiento de los datos ambientales con las redes de seguimiento de los brotes de enfermedades;

26. Pide a los Estados miembros y a la Comisi�n que hagan frente de forma adecuada a las nuevas amenazas que supone el cambio clim�tico, por ejemplo la presencia cada vez m�s frecuente de virus emergentes y pat�genos no detectados, y apliquen en consecuencia las nuevas tecnolog�as de reducci�n de pat�genos que rebajan la presencia de virus conocidos y no detectados y otros pat�genos transmitidos por la sangre;

27. Lamenta que la evaluaci�n actual de costes y beneficios del documento "Dos veces 20 para el 2020 - El cambio clim�tico, una oportunidad para Europa" (COM(2008)0030) tan s�lo tenga en cuenta las ventajas sanitarias que reportar�a una reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica obtenida gracias a una reducci�n del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aqu� a 2020; pide a la Comisi�n que garantice que, en el marco de una evaluaci�n de impacto, se estudiar�n y tomar�n como modelo los beneficios sanitarios secundarios derivados de distintos niveles de ambici�n, de conformidad con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim�tico, consistentes en una reducci�n de las emisiones dom�sticas de gases de efecto invernadero de entre el 25 % y el 40 %, y, si es posible, del 50 % o m�s de aqu� a 2020;

28. Pide a la Comisi�n que preste la debida atenci�n al grave problema que supone la salud mental, habida cuenta del n�mero de suicidios registrados en la Uni�n, y que dedique m�s recursos al desarrollo de estrategias de prevenci�n y terapias adecuadas;

29. Reitera que la Comisi�n y los Estados miembros deben apoyar el Plan de Acci�n para Europa sobre medio ambiente y salud infantil de la OMS, fomentarlo a trav�s de la pol�tica de desarrollo a nivel tanto comunitario como bilateral y alentar procesos similares fuera de la zona europea de la OMS;

30. Pide a la Comisi�n que reintroduzca en su segundo plan de acci�n la iniciativa SCALE (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation) relativa a la reducci�n de la exposici�n a las contaminaciones, contenido en la Estrategia europea de medio ambiente y salud (COM(2003)0338);

31. Insta a la Comisi�n a que conciba y proponga instrumentos que fomenten el desarrollo y la promoci�n de soluciones innovadoras, tal como se destac� en el marco de la Agenda de Lisboa, con objeto de minimizar los principales riesgos sanitarios provocados por factores de estr�s medioambientales;

32. Insta al Consejo a que adopte sin demora una decisi�n sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Uni�n Europea, habida cuenta de que el Parlamento ya emiti� su dictamen el 18 de mayo de 2006(10) ; considera que el nuevo reglamento, que, junto con otras medidas, reducir� los umbrales m�nimos requeridos para la aplicaci�n del Fondo de Solidaridad de la Uni�n Europea, permitir� reparar con mayor eficacia, flexibilidad y rapidez los da�os provocados por cat�strofes naturales o de origen humano; subraya que un instrumento financiero de este tipo reviste una gran importancia, en particular porque se parte de la base de que en el futuro las cat�strofes naturales ser�n m�s frecuentes, tambi�n como consecuencia del cambio clim�tico;

33. Recomienda, dada la decisiva importancia econ�mica de las peque�as y medianas empresas (PYME) en Europa, que la Comisi�n les ofrezca asistencia t�cnica para ayudarles a cumplir las normas vinculantes en materia de salud ambiental y animarles a introducir otros cambios positivos desde la perspectiva de la salud ambiental que repercuten en la actividad de las empresas;

34. Recomienda a la Comisi�n que, en 2010 y con ocasi�n del "segundo ciclo" del plan de acci�n de medio ambiente y salud, centre sus iniciativas en las poblaciones vulnerables y elabore nuevos m�todos de evaluaci�n de los riesgos que tengan en cuenta el punto fundamental que constituye la particular vulnerabilidad de los ni�os, las mujeres embarazadas y las personas de edad avanzada;

35. Pide por ello encarecidamente a la Comisi�n y a los Estados miembros que reconozcan las ventajas de los principios de prevenci�n y cautela y que elaboren y apliquen instrumentos que permitan anticipar y evitar las amenazas potenciales en materia de medio ambiente y salud; recomienda a la Comisi�n que eval�e el "segundo ciclo " de este plan de acci�n y prevea una financiaci�n adecuada incluyendo un mayor n�mero de medidas concretas destinadas a reducir el impacto sanitario del medio ambiente y la aplicaci�n de medidas de prevenci�n y cautela;

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resoluci�n al Consejo, a la Comisi�n, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la OMS.

(1) DO C 304 E de 1.12.2005, p. 264. (2) DO L 301 de 20.11.2007, p. 3. (3) Informe titulado "El medio ambiente en Europa - Cuarta evaluaci�n. Resumen" de la Agencia Europea de Medio Ambiente (10 de octubre de 2007) (4) Sentencia de 23 de septiembre de 2003 en el asunto C-192/01, Comisi�n/Dinamarca, Rec. 2003, p. I-9693; sentencia de 7 de septiembre de 2004 en el asunto C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee y Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Rec. 2004, p. I-7405. (5) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. (6) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1; versi�n corregida en el DO L 136 de 29.5.2007, p. 3. (7) DO L 40 de 11.2.1989, p. 12. (8) Un grupo de cient�ficos independientes public� este informe el 31 de agosto de 2007. V�anse los detalles en: www.bioinitiative.org (9) DO L 199 de 30.7.1999, p. 59. (10) DO C 297 E de 7.12.2006, p. 331.

Ver el documento original AQU�

El Juzgado Contencioso Administrativo n� 1 de Lleida ordena el desmantelamiento de una Antena.

ER — 2008-05-29T09:47:02Z

La Asociaci�n de Vecinos del Barrio del Castella del municipio de T�rrega, ha conseguido una Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo n� 1 de Lleida mediante la cual se ordena la paralizaci�n de la actividad y el desmantelamiento de una Antena de Telefon�a en la Avenida Catalu�a n� 47.

Los motivos para ello son de tipo urban�stico y medioambiental, y en concreto, el Juzgado considera que el uso residencial y el industrial son incompatibles, y que con la instalaci�n de la antena se supera la altura m�xima de edificaci�n.

La sentencia a texto completo se puede ver en el documento adjunto.

NUEVA SENTENCIA QUE CERTIFICA LA UNANIMIDAD

ER — 2008-03-04T11:13:39Z

El Juzgado de Primera Instancia n� 50 de Madrid ha fallado en contra de la COmunidad de Propietarios de Apartamentos de la Calle Jose Mara��n n� 17 de Madrid, al considerar que la instalaci�n de una antena y la caseta en la cubierta del edificio supone un peligro para la seguridad de la estructura del edificio ya que implica una fuerte sobrecarga. Igualmente, el juzgado estima que el contrato con la compa��a operadora no es un simple arrendamiento por cuanto que concede amplias facultades para ampliar y explotar los equipos de telecomunicaciones, y por tanto, es aplicable el art�culo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, la unanimidad.Cabe resaltar la argumentaci�n sobre el plazo de interposici�n de la demanda, considerando que, por contravenir la Ley de Propiedad Horizontal, es de un a�o, y no de 3 meses. Se condena en costas a la comunidad de propietarios.

Se adjunta el texto �ntegro de la sentencia. Felicitaciones a la persona que tuvo el valor de iniciar esta acci�n, y al abogado vallisoletano Agust�n Bocos, que nuevamente salda con �xito una acci�n de este tipo.

Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3�, sec. 3�, S 3-4-2007, rec.10180/2003. El Estado contra el Decreto Auton�mico de Castilla y Le�n.

ER — 2007-07-13T10:06:20Z

El TS no ha lugar al recurso de casaci�n interpuesto contra la STSJ Castilla y Le�n que anul� en parte el Decreto 267/2001, del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y Le�n, sobre instalaci�n de infraestructuras de radiocomunicaci�n . La Sala considera que el an�lisis de la documentaci�n a que se refiere el art. 4, 2 de dicho Decreto, desarrollada en los distintos apartados de su anexo III aplicable a las nuevas instalaciones, no implica que pueda discutirse de nuevo, en el expediente autorizatorio, el cumplimiento de los requisitos t�cnicos que ya haya sido corroborado por la Administraci�n estatal competente en materia de telecomunicaciones, sino que se trata, por el contrario, de una mera verificaci�n de que los equipos que se van a instalar gozan de la referida conformidad, a cuyos efectos es leg�timo y proporcionado que se requieran al operador de telefon�a los citados documentos.

Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3�, sec. 3�, S 3-4-2007, rec.5193/2004. El Estado contra el Decreto Auton�mico de La Rioja.

ER — 2007-07-13T09:59:58Z

El TS estima parcialmente el recurso de casaci�n interpuesto contra la STSJ Rioja, que se revoca en cuanto al pronunciamiento que contiene sobre el art. 6, 2 c) y art. 11 Decreto auton�mico 40/2002 de ordenaci�n de instalaciones de radiocomunicaciones, preceptos que son anulados. La Sala declara la validez de la respuesta jurisdiccional dada en la instancia excepto en lo que se refiere al uso compartido de instalaciones en suelo no urbanizable, considera que tanto en la situaci�n normativa previa a la Ley 32/2003, como en la posterior a dicha Ley, no corresponde a la Administraci�n Auton�mica la imposici�n unilateral de la compartici�n de infraestructuras, por lo que los arts. 6,2,c) y 11 deben ser anulados, declarando que la imposici�n a los operadores de telecomunicaciones del deber de compartir sus infraestructuras -tanto si se refiriera al suelo urbano cuanto al no urbanizable, como es el caso- era contraria a las normas estatales vigentes en aquel momento.