El gobierno de Gandia no impulsa las medidas contra los campos magnéticos que aprobó en abril. Sólo ha desmantelado una antena de telefonía móvil de las 23 que existen ilegales cerca de zonas sensibles

El gobierno de Gandia no impulsa las medidas contra los campos magnéticos que aprobó en abril. Sólo ha desmantelado una antena de telefonía móvil de las 23 que existen ilegales cerca de zonas sensibles

25.11.07 - Z. SANZGANDIA

Antena de telefonía móvil cercana al colegio Francisco de Borja de Gandia. Ni se ha realizado todavía el estudio específico para Gandia sobre los efectos de las antenas de telefonía móvil en la salud de los ciudadanos ni se ha impulsado a nivel municipal una campańa de difusión de las consecuencias de las ondas electromagnéticas para fomentar el buen uso del celular entre los jóvenes.

Estas dos propuestas se aprobaron por parte de todos los partidos políticos durante la sesión plenaria de principios de abril de este mismo ańo. Se celebraron las elecciones en mayo, han pasado ocho meses y aún no se han hecho efectivas.

El líder de Plataforma de Gandia, Fernando Mut, expresó en su día que la regulación de la instalación de este tipo de dispositivos "es un tema complicado, ya que por un lado está la necesidad de proteger a la población y de escuchar sus reivindicaciones, pero al mismo tiempo hay importantes intereses económicos en juego".

Por ello, el regidor incidió entonces en la necesidad de iniciar una campańa de concienciación sobre el uso de los celulares, un aspecto en el que el Joan Francesc Peris estuvo de acuerdo.

"Es cierto que nuestros nińos comienzan cada vez más pronto a utilizar los teléfonos móviles y conviene inculcarles un uso racional de la tecnología", seńaló.

El texto aprobado en el pleno también instaba al Gobierno de Rodríguez Zapatero y a la Generalitat Valenciana "en el marco de sus competencias, a la modificación de la normativa sobre las instalaciones de la telefonía móvil así como de todas aquellas que generan campos magnéticos o electromagnéticos".

El Consistorio de Gandia solicitó a las administraciones central y autonómica que aumenten las medidas de precaución y prevención "con el objetivo de minimizar la exposición a las emisiones radioeléctricas y sus efectos sobre la salud de las personas.

Además, se pidió que se ampliaran las competencias de la administración local para regular la implantación de estos dispositivos.

"Promesas incumplidas"
Nicereta Herrero, la madre del nińo de seis ańos que falleció por un tumor causado, según ella, por las ondas de un transformador situado bajo de su vivienda, lamentó que el gobierno de Gandia se esté mostrando impasible.

"Muchas intenciones y promesas, pero a la hora de la verdad, no hacen nada. No me gustaría pensar que aprobaron todas estas medidas porque se acercaban los comicios municipales.

Paradójicamente lo que hicieron fue promover un certamen literario dirigido a jóvenes vía mensajes de teléfono móvil, algo que denuncié en los juzgados porque de esta manera no se sensibiliza a la población de los efectos del móvil", argumentó Herrero.

Esta madre inició el ańo pasado una importante campańa contra las ondas electromagnéticas y la retirada de las antenas de telefonía móvil.

Herrero sigue con la recogida de firmas a través de las cuales solicita la reanudación de la investigación de campos magnéticos y que haya leyes "que nos protejan contra ellos".

La presión de Herrero y de las asociaciones de madres y padres de los centros escolares de la ciudad consiguió que se retirara en el mes de agosto la antena de telefonía móvil situada próxima al colegio público Joan Martorell de Gandia, tras meses de reivindicaciones.

23 antenas más
Este gesto estuvo muy bien, a juicio de Herrero. Sin embargo, ella recordó ayer que todavía quedan 23 antenas ilegales distribuidas por zonas sensibles de la ciudad. Algunas de ellas están ubicadas cerca de las Escuelas Pías, del hospital Francisco de Borja, del Joan XXIII y de la plaza Rei en Jaume de Gandia.

El departamento de Medio Ambiente local abrió en abril un total de 23 expedientes sancionadores a los propietarios de los dispositivos emisores de ondas electromagnéticas que no tenían ningún tipo de licencia.

Se acordó la suspensión total de la actividad y el precinto de cada dispositivo. Las multas oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros, y el Consistorio ha advertido, además, que procederá a su retirada si no solicitan la autorización correspondiente.

El Ayuntamiento no otorga ninguna autorización para implantar antenas desde el ańo 1999. Sin embargo, estos instrumentos han estado proliferando en los tejados en los últimos meses.

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