CASTELLÓN: Los abogados municipales siguen analizando la norma de telefonía móvil tras 6 años de retraso. Servicios Públicos confirmó meses atrás que utilizaría mecanismos de regulación urbanística y ambiental para poder asumir las reivindicaciones vecinales e impedir la instalación de antenas de telefonía móvil cerca de edificios públicos de especial riesgo para la salud (colegios, servicios médicos, centros de tercera edad, etc...).

CASTELLÓN: Los abogados municipales siguen analizando la norma de telefonía móvil tras 6 ańos de retraso

Soler explica que los servicios jurídicos deben asegurar que el texto se ajuste a la legalidad

Nacho Martín, Castelló
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Castelló siguen examinando la legalidad del texto de la ordenanza de telefonía móvil tras seis ańos de demora y tres ańos después de que el primer borrador fuera sometido a la opinión de los grupos políticos, según informaron fuentes municipales.
Según el edil responsable del área, Miquel Soler, el retraso se debe a "la necesidad de que el texto se ajuste a la legalidad y no genere problemas de competencias".
De un modo u otro, el retraso prosigue tras reiterados aplazamientos que incumplen un acuerdo plenario aprobado en 2002 y otro suscrito en 2005, fecha en la que los tres grupos municipales (PP, PSPV y Bloc) volvieron a acordar regular la ubicación y las supuestas afecciones de las antenas repetidoras de telefonía en zonas sensibles.
El acuerdo instaba al Gobierno a exigir fianzas a los operadores con el objetivo de que cubran posibles dańos provocados por la emisión de las antenas. Además, este requerimiento se completó con un proyecto de ordenanza llamado a controlar los niveles máximos de radiación y delimitar en el plazo de tres meses un mapa de zonas sensibles para la salud en las que quedaría prohibida la instalación de repetidores.
La nueva normativa prohibiría el funcionamiento de aquellas instalaciones emisoras que (de forma individual o conjunta) superaran los límites de exposición establecidos en la normativa estatal.
El borrador de la ordenanza preveía ejercer el control del ayuntamiento mediante la creación de un registro obligatorio para todas las instalaciones y una Comisión Municipal de Telecomunicaciones.
Con el objeto de garantizar los niveles de protección de la salud, el ayuntamiento obligaba al operador a presentar un mapa de intensidades de los campos electromagnéticos de todo el término municipal en relación con las instalaciones existentes y las que resultaran de la nueva red. Asimismo, las empresas debían aportar un seguro acompańado de la autorización y el control de niveles del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Finalmente, en el marco de una dura oposición de las empresas del sector (Movistar, Vodafone, Amena y Esfera), el gobierno local anunció la necesidad de adecuar diversos apartados de la ordenanza a la normativa estatal y elaborar un texto que no excediera las competencias del ayuntamiento. Esta circunstancia ha retrasado mes a mes la votación de la ordenanza.
Servicios Públicos confirmó meses atrás que utilizaría mecanismos de regulación urbanística y ambiental para poder asumir las reivindicaciones vecinales e impedir la instalación de antenas de telefonía móvil cerca de edificios públicos de especial riesgo para la salud (colegios, servicios médicos, centros de tercera edad, etc...). En aquel momento, el edil Miquel Soler explicó que su concejalía quiere responder a la inquietud ciudadana sin rebasar las competencias del ayuntamiento, que carece de potestad en materia de salud pública. "Nosotros no tenemos competencias en materia sanitaria. Pero sí que podemos utilizar la regulación urbanística y ambiental para responder a la sensibilidad de los vecinos".
Las declaraciones de Soler respondían a las alegaciones del grupo de trabajo de ordenanzas y reglamentos del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que el 6 de marzo de 2007 exigió más protección para la salud.

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