TELECOMUNICACIONES EN BILBAO: El incómodo huésped del Carlton. El céntrico hotel bilbaíno retirará una antena de telefonía móvil que alberga desde agosto y por la que varios inquilinos han abierto una batalla legal para su clausura por afectar a un bien cultural.

TELECOMUNICACIONES EN BILBAO: El incómodo huésped del Carlton
El céntrico hotel bilbaíno retirará una antena de telefonía móvil que alberga desde agosto y por la que varios inquilinos han abierto una batalla legal para su clausura por afectar a un bien cultural

06.04.08 - JOSU GARCÍA j.garcia@diario-elcorreo.com

EN EL TEJADO. La antena de la discordia mide dos metros altura. / JORDI ALEMANYDesde el pasado mes de agosto, los bilbaínos que miran a la azotea del céntrico hotel Carlton observan una extrańa y solitaria chimenea metálica que se recorta entre el horizonte y su monumental fachada. No es una salida de humos, sino una antena de telefonía móvil de la firma Vodafone. El repetidor, de 2 metros de altura, ha sembrado la discordia en un edificio que, además de albergar el conocido establecimiento hotelero, da cobijo a varias oficinas y comercios en su parte trasera.

Tanto es así que varios de los inquilinos del centenario bloque han decidido recurrir a los tribunales para forzar su retirada. Sin embargo, parece que la dirección del Carlton no está dispuesta a que el conflicto se les vaya de las manos. «Ya hemos ordenado su desmantelamiento, porque no queremos causar ningún problema a nuestros vecinos», adelantó a EL CORREO su director, Alberto Gutiérrez, quien mostró a este diario una carta en la que se comprometía por escrito con los afectados.

La antena es legal -cuenta con todos los permisos- y «hay muchos otros hoteles en Bilbao que también tienen este tipo de instalación», precisó el gerente. La eliminación de los equipos de telefonía no será posible hasta dentro de unos ocho meses, ya que en el contrato firmado entre el Carlton y Vodafone se estipula un plazo mínimo de permanencia. «Que nadie tenga dudas de que, en cuanto podamos, la antena pasará a la historia», insistió Gutiérrez.

La decisión ha generado división de opiniones en el edificio, que está estructurado en dos portales. De un lado, el del hotel -Plaza Moyua, 2-. Y de otro, el del resto negocios -Rodríguez Arias, 6-. El presidente de la comunidad que engloba a las oficinas, por ejemplo, se da por satisfecho. «No tenemos ningún problema con el establecimiento. Confiamos en la palabra de sus responsables. Incluso nos ofrecieron participar de los beneficios que se van a generar hasta que se produzca la retirada efectiva. Queremos que nuestras relaciones sigan siendo igual de cordiales como hasta ahora y yo entiendo que así ha sido y así será», declaró.

Esta postura contrasta con la de otras empresas y profesionales radicados en el inmueble que no las tienen todas consigo. «Instalaron la antena en pleno mes de agosto, cuando aquí no había casi nadie», recelan. Un grupo de ellos ha recurrido a la Justicia para plantar cara en los tribunales y tratar de cortar de raíz la polémica, con la ley en la mano. Para ello, los detractores del repetidor han contratado al bufete Ortega y Crespo Abogados, cuyo despacho, curiosamente, se encuentra ubicado en el propio edificio.

Estrategia novedosa

La estrategia legal que han planteado estos profesionales es también uno de los puntos más llamativos de toda esta historia, ya que se aleja del camino habitual que suelen tomar las comunidades de vecinos que desean frenar este tipo de instalaciones. Así, en lugar de alegar la eventual existencia de un riesgo para la salud de las personas -algo que por ahora no está demostrado científicamente-, los letrados han querido centrar la batalla judicial en demostrar que los equipos de Vodafone rompen con la armonía y la estética del edificio, declarado por el Gobierno vasco Bien Cultural, con la categoría de Monumento, el 2 de octubre de 1995.

El bufete ha llevado al Tribunal de lo Contencioso-administrativo al Ayuntamiento de Bilbao, que es la institución que expidió la licencia de obras del repetidor. La impugnación se produjo el pasado mes de diciembre y el magistrado admitió a trámite el recurso el 8 de enero.

El Consistorio, por su parte, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que los demandantes hayan apuntado directamente hacia la Administración local. Fuentes del área de Urbanismo declararon que las autoridades municipales tramitan este tipo de licencias «porque es un acto reglado», es decir, porque tienen la obligación de hacerlo si hay instituciones superiores que otorgan su visto bueno. En este caso, el Ministerio de Industria y el Departamento de Cultura y Patrimonio de la Diputación dieron luz verde a la medida. «Es conocido que nuestra concejalía no es muy amiga de los repetidores de telefonía. De hecho, elaboramos una normativa bastante restrictiva sobre esta problemática, pero fue tumbada después en los tribunales», ańadieron.

La incógnita reside ahora en saber si la Justicia actuará con rapidez y se pronunciará antes de que el hotel pueda romper su relación contractual con la operadora de telefonía. Los inquilinos afectados están dispuestos a seguir adelante con la vía legal.

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