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TORRELAVEGA. Antenas de telefonía: legalidad o seguridad

Domingo 19 de julio de 2009 · 1308 lecturas

TORRELAVEGA. Antenas de telefonía: legalidad o seguridad
19.07.09 - José Manuel Setién Arenal es portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por la Telefonía Móvil en el Barrio Covadonga, que incluye la Asociación de Vecinos Besaya y Ecologistas en Acción.

TRIBUNA LIBRE La Plataforma de Vecinos Afectados por la Telefonía Móvil del Barrio Covadonga quiere salir al paso de las últimas declaraciones realizadas por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega y la directora del CIMA, en relación con la seguridad de las antenas de telefonía instaladas en esta ciudad y la afirmación gratuita de que Torrelavega no tiene contaminación radioeléctrica.
Primeramente, debemos decir que nos alegramos de que desde estas instancias reabran el debate sobre este grave problema de polución ambiental, aunque sea para hacerlo desde una visión tan simplista que les hace llegar a la conclusión de que no hay contaminación electromagnética en nuestra ciudad tan sólo porque no se superan los límites legales que actualmente están fijados en nuestra obsoleta legislación.
Los últimos acontecimientos en nuestro país pasan porque diversas organizaciones ecologistas y colectivos de afectados integrados en la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (de la que formamos parte) se han dirigido al Ministro de Industria pidiendo la revisión y actualización del Real Decreto 1066/2001, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección frente a emisiones radioeléctricas y que les sirve a ustedes, en este caso, para afirmar que Torrelavega goza de una excelente salud en cuanto a emisiones radioeléctricas se refiere.
Esta petición se apoya en las recientes resoluciones del Parlamento Europeo del 4 de septiembre de 2008 y del 2 de abril del 2009, por las cuales el 97% de los parlamentarios europeos asumían las indicaciones recogidas en el informe independiente Bioinitiative Report, que está avalado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, y en el cual se requiere la aplicación del principio de precaución a través del desarrollo de nuevas legislaciones con el propósito de superar los desfasados límites de exposición actuales, puesto que se considera que no garantizan la protección, especialmente para los segmentos de población más sensibles, como recién nacidos, mujeres embarazadas, personas mayores o personas enfermas.
También se alude a los resultados preliminares contenidos en el estudio Interphone, similares a los estudios Réflex y Bioinitiative Report, que vienen a decir, a grosso modo, que las radiaciones no ionizantes, los campos magnéticos o las radiofrecuencias son nocivos para la salud y el medio ambiente y que apuntan directamente a enfermedades como el cáncer. Reseńar que el estudio Interphone está auspiciado por la Internacional Agency for Research on Cáncer, dependiente de la OMS/WHO.
Por tanto, con estos argumentos, ¿no creen que deberían ser más prudentes en sus afirmaciones, Sr. Aguirre y Sra. Pérez?
¿No son capaces de hacer una lectura más amplia del problema y con sus excelentes medios de estudio en medio ambiente, apostar por investigar sobre qué hay de cierto en la necesidad de revisar los niveles de protección frente a los campos electromagnéticos (CEM) que emiten las antenas de telefonía móvil y otros dispositivos inalámbricos, a los que Uds. se aferran?, ¿qué opinan sobre el establecimiento de distancias biosanitarias a fuentes de emisión CEM, para así poder alcanzar límites de exposición garantistas como los expuestos en estudios científicos independientes como el Bionitiative Report?, ¿se han realizado desde el CIMA estudios respecto a los efectos sobre la salud humana por la exposición cercana a las antenas de telefonía móvil?, ¿posee el Ayuntamiento de Torrelavega un registro veraz que certifique la legalidad de antenas de telefonía móvil (situadas sobre puntos de población sensible como geriátricos) incluidas las microceldas o ’picoantenas’ (situadas frente a centros de enseńanza, en algunos casos), ubicadas en el término municipal de Torrelavega? ¿tienen todas ellas las licencias prescriptibles?.
Como verán ustedes, a pesar de su tranquilizadora exposición pública sobre la seguridad de las antenas de telefonía, a los vecinos nos siguen quedando muchas dudas presentes y una aún más grande: ¿qué han pretendido demostrar con la presentación de estos datos tras un ańo de silencio?, ¿es que ahora interesa reabrir el debate para dar rienda suelta a los planes de actuación de implantación de las operadoras en nuestra ciudad antes de que el Gobierno espańol deba revisar la legislación, presionado por Europa?.
Y para finalizar, retomando el asunto de la legalidad, una sugerencia: revisen la ubicación de las antenas en nuestra ciudad, Torrelavega, pues varias de ellas incumplen la normativa vigente (en este caso la municipal) de manera flagrante y aquí sí que ustedes, como gestores públicos, se quedan tan tranquilos.

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