Una comunidad de Torredembarra, en lucha contra una antena de telefonía. En el edificio viven 20 vecinos y según explica la presidenta Antonia Pleguezuelos, desde que está la antena siete personas han sufrido cáncer y están en tratamiento de radioterapia o quimioterapia.

Una comunidad de Torredembarra, en lucha contra una antena de telefonía
Llevan ańos batallando para retirar la antena que tienen sobre sus cabezas. Por miedo ya no suben ni a tender la ropa al terrado. Y vigilan para que la operadora no instale más equipos
José M. Baselga - 14/12/2009 21:37

Antonia Pleguezuelos y Carme Macías en el terrado al que deben subir a tender la ropa donde se colocó la antena. - JMB Una comunidad de Torredembarra mantiene una lucha para que se retire de su tejado una antena de telefonía que permitieron colocar en 1999. El contrato era por cinco ańos prorrogables otros diez y saben que «no podemos hacer nada hasta entonces», pero se pasan noches y días vigilando para que la operadora no aumente la potencia o coloque nuevos dispositivos como ha intentado varias veces.

Sobre unos soportes de hierro que puso operadora los vecinos han colocado grandes tablones de madera. «Así, si los intentan retirar hacen ruido y subimos». En alguna ocasión han logrado parar los trabajos que iban a realizarse en la antena. «Mientras unos vecinos suben al terrado otros llaman a la Policía Local», explica Carme Macías, administradora de la finca y vecina. La Guardia Civil ya ha paralizado algunos trabajos que pretendían hacerse en la antena.

Los vecinos piden al Ayuntamiento «que por lo menos no deje aumentar la potencia o poner nuevos equipos». Macías explica que «somos muchos los que ya hemos dejado de tender la ropa en el terrado. Cuando hay más población la antena emite más ruido y vibraciones y nos da miedo».

En el edificio viven 20 vecinos y según explica la presidenta Antonia Pleguezuelos, desde que está la antena siete personas han sufrido cáncer y están en tratamiento de radioterapia o quimioterapia. «Ningún médico nos firma un informe en el que se establezca que la causa directa sea la antena, aunque ese es nuestro miedo».

Fue en 1999 cuando la comunidad aceptó que la operadora colocase la antena. «Necesitábamos dinero y pensamos que sería una solución». La empresa se comprometió a pagar 4.800 euros al ańo y no se ha retrasado ni un solo mes. «Es una forma de que tampoco los podamos echar por impago».

El Ayuntamiento ha aprobado paralizar las licencias para instalar nuevas antenas hasta disponer de un estudio que regule no sólo los emplazamientos sino las tipologías y medidas de seguridad para los vecinos más próximos.

En el estudio se apunta que los elementos arquitectónicos catalogados y el suelo rústico protegido será declarado libre de antenas y se establecerán distancias de seguridad de zonas habitadas. También exigirán seguro de responsabilidad civil a las operadoras que permita cubrir posibles problemas que se puedan derivar de la instalación de las antes.

Los vecinos consideran que con esa ordenanza el dispositivo que tienen sobre sus cabezas no debería existir y apuntan que en los bajos del inmueble hay una guardería. Los técnicos han realizado un estudio y consideran que ese centro quedaría fuera de las posibles radiaciones. Una directiva europea de 1999 dicta que se deben poner restricciones a la instalación de antenas según las características particulares de la población más directamente expuesta.

Desde la patronal sobre el despliegue de antenas (Redtel) se ha manifestado reiteradamente que «es importante que las antenas de telefonía estén cerca de donde se realiza la comunicación ya que si se alejan de los núcleos urbanos, la calidad del servicio se vería deteriorada, y en algunos casos, sería imposible que hubiera cobertura» . También se apunta que «estas infraestructuras son extraordinariamente seguras porque cumplen con una normativa nacional y europea sobre los niveles de emisión de ondas. Muchas antenas emiten, incluso, miles de veces por debajo de los parámetros que dicta la ley».

La exigencia de un seguro de responsabilidad civil ha sido recurrida en varias ocasiones por los operadores ante los tribunales, que han dado la razón al sector.

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