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Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las Antenas de Telecomunicaciones - AVAATE

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TENERIFE: La Laguna y las antenas de telefonía móvil.

En el radio de acción de las emisiones radioeléctricas que emiten ambas antenas existen numerosas viviendas cuyos inquilinos están sufriendo los efectos de sus radiaciones y sus consecuencias para su salud.

Sábado 19 de julio de 2014 · 539 lecturas

La Laguna y las antenas de telefonía móvil
3/jul/14 24:57
E n la azotea del edificio sito en la avenida de La Trinidad, nº 43, así como en el interior del recinto del Seminario Diocesano de Tenerife, en el barrio de La Verdellada, ambos en La Laguna, se hallan instaladas unas estaciones base de telefonía móvil que, por su múltiple composición de antenas, módulos y conjuntos emisores-receptores, son prácticamente perceptibles desde diversos puntos de la ciudad, suponiendo un impacto tanto visual como medioambiental intolerable.

Según reconoce la Gerencia de Urbanismo del consistorio lagunero, dichas antenas, pese a su antigüedad (más de quince ańos una y cinco ańos la otra), carecen de la necesaria licencia de instalación y, por ende, de funcionamiento, es decir, son ilegales. Algo incomprensible al tratarse de unos conjuntos múltiples que ofrecen tal impacto visual que no pueden pasar inadvertidos para nadie. Por consiguiente, ¿cómo puede explicarse esta inadvertencia o tolerancia por parte de los responsables de Urbanismo?

Denunciada esta anómala situación la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento lagunero abrió sendos expedientes sancionadores a las empresas de telefonía móvil responsables de dichas instalaciones, sin que hasta la fecha se haya resuelto, como procedería legalmente, al desmantelamiento de todos los equipos que componen dichas descomunales instalaciones, amén de las correspondientes sanciones administrativas por erigirlas sin las oportunas licencias.

Además de la ilegalidad de las citadas estaciones telefónicas, el Ayuntamiento de La Laguna parece ignorar que en el radio de acción de las emisiones radioeléctricas que emiten ambas antenas existen numerosas viviendas cuyos inquilinos están sufriendo los efectos de sus radiaciones y sus consecuencias para su salud. También se hallan los centros de Educación Infantil y Primaria Aneja y La Verdellada, respectivamente, la Facultad de Educación y el Centro de Salud Laguna Mercedes. Todos ellos a menos de 500 metros de dichas antenas, infringiendo lo previsto en la nueva oreguladora de este tipo de actividades, aprobada por la actual Gerencia de Urbanismo lagunera.

Algunos ayuntamientos de Tenerife: Granadilla, La Victoria, Santa Cruz, etc., ante la preocupación manifestada por los vecinos afectados, están procediendo a la regulación de la antenas de telefonía móvil y a la retirada de aquellas que carecen de la preceptiva licencia. Sin embargo, ¿cuántas estaciones base de telefonía móvil instaladas de forma ilegal ha mandado desmantelar, o ha retirado, el consistorio lagunero en el casco urbano y su municipio en los últimos ańos? Me gustaría saberlo.

El hecho de ofrecer la necesaria cobertura para satisfacer las necesidades del servicio no da derecho a que las operadoras telefónicas instalen sus equipos sin las correspondientes autorizaciones y en perjuicio de la salud de las personas. El progreso no está reńido con el más elemental principio de precaución que está obligado a exigir las autoridades locales en defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que la salud de éstos debe prevalecer ante todo interés comercial o económico.

La Constitución espańola obliga a los poderes públicos a hacer efectivos derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que están el derecho a la integridad física (Artº 15), a la protección de la salud (Artº 43) y a disfrutar de un medio ambiente (Artº 45); y en el caso de que las administraciones públicas no actuasen -como a menudo sucede- su omisión supondría una violación de la norma constitucional. Pero es que, además, los ayuntamientos, hasta la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, son responsables de tramitar las preceptivas licencias municipales de instalación y de funcionamiento, sin cuyo requisito las compańías operadoras no pueden instalar su equipos ni proceder a su puesta en servicio, por mucho dinero que éstas les abonen en concepto de tasas (640.583,54 euros al ańo en La Laguna).

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