Carta abierta a la Directora General de Salud Pública, Investigación y Calidad

carta abierta a la Directora General de Salud Pública, Investigación y Calidad

MINISTERIO DE SANIDAD
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Sra. Dña. Pilar Aparicio Azcárraga
Estimada Directora:
Desde la Coordinadora estatal por la moratoria del 5G, queremos transmitirle nuestra
profunda preocupación por la participación de Covadonga Caballo Diéguez
(Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral), en su nombre, en el
acto de apertura de la presentación del Informe del Comité Científico Asesor de
Radiofrecuencias y Salud (CCARS), editado por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT).
El autodenominado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud es un ente
privado dependiente de dicho Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, al que no se le conoce declaración de conflicto de intereses, el cual no tiene entre sus fines y objetivos estatutarios el de la salud, pero si tiene el de “defender los derechos e intereses de la profesión en todos sus ámbitos”, con ello entra en colisión con su propio código deontológico al asesorar a los organismos oficiales en materias que no son de su competencia.
El CCARS NO figura entre los Organismo Públicos de Investigación regulados por ley,
ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y
pluralidad de criterios. Las actuaciones del CCARS siempre han sido prácticamente igual que las de las operadoras de telecomunicaciones, solo contemplan los posibles efectos térmicos y no contemplan el riesgo biológico basado en el peso de la evidencia científica manifestada en investigaciones in vitro, in vivo, epidemiológicas, etc., revisadas por pares y publicadas en revistas científicas.
El Ministerio de Sanidad, con la asistencia a este tipo de actos, desoye la Sugerencia del Defensor del Pueblo de España que en su resolución del 21/08/2019 le pide “Elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de Reglamento por el que debe regularse la Comisión interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y, tras cumplimentar los trámites preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Esta Comisión, aún sin constituir desde hace seis años, está prevista en la Ley de Telecomunicaciones del año 2014.
Recordamos asimismo que, el Ministerio de Sanidad, aún no ha respondido a la denuncia de las personas enfermas ambientales con discapacidad, solicitando a Sanidad el cese del Director científico del CCARS, Francisco Vargas, como técnico de sanidad ambiental y salud pública, por grave conflicto de interés. Tal y como analiza recientemente Pedro Costa Morata (Premio Nacional de Medio Ambiente).
Señalamos a la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que, desde
nuestra óptica, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, también representado en el acto de presentación del Informe del CCARS, invade las competencias de coordinación en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad (y de las Comunidades. Autónomas), sobre el “impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”, como la aplicación del Principio de Precaución, ante “incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo” (Real Decreto 1066/2001: Art. 7, Art. 3, 12 y 31 de la Ley General de Salud Pública del 2011, … )
La trayectoria del CCARS, se caracteriza por negar y banalizar los miles de estudios
científicos previos, acreditados en esta materia, desdeñando las llamadas al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y mostrando una urgencia desmesurada por zanjar un tema que sigue acumulando evidencias científicas. La desinformación de los informes del CCARS impulsado públicamente por el COIT, manifiesta el conflicto de interés a favor de intereses industriales cortoplacistas, que secuestran un necesario debate público ante el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles y sostenibles desde el punto de vista ambiental, climático y de la salud humana.
 Si en 2011, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS clasificó a los campos electromagnéticos (CEM) de radiofrecuencias como posible cancerígeno (2B) y su director llamaba a aplicar “medidas pragmáticas” para reducir su exposición, en 2019, consideró su reevaluación como una alta prioridad en el periodo 2020-2024, ante los nuevos bioensayos y actual evidencia mecanicista, como los del Programa Nacional de Toxicología (NTP) de los Institutos Nacionales de Salud norteamericanos, y el del Centro de Investigación del Cáncer "Cesare Maltoni" del italiano Instituto Ramazzini. La Dra. Fiorella Belpoggi, directora de investigación de dicho Instituto, ya manifestó que los resultados de ambos estudios suman conocimiento suficiente para clasificar a las radiofrecuencias como cancerígenas, previsiblemente de grado 1, como el amianto o el tabaco.
Ya en 2013, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) declaró en su Monografía, que “debido a que la evidencia sobre los teléfonos móviles y el cáncer presenta una imagen mixta, la AEMA recomienda utilizar el principio de precaución, como se recomienda en el Tratado de la UE, para gestionar mejor el riesgo”, ya que dicho principio “justifica las acciones de política pública en situaciones de complejidad científica, incertidumbre e ignorancia, donde puede haber necesidad de evitar o reducir las amenazas potencialmente graves o irreversibles para la salud y el medio ambiente, utilizando una fuerza científica adecuada, teniendo en cuenta los pros y contras de la acción y la inacción”. - La petición internacional International EMF Scientist appeal a la OMS y a la ONU, de más de 250 profesionales del ámbito científico del bioelectromagnetismo de 43 naciones corresponsables de más de 1.000 artículos revisados entre pares, alerta de la "crisis emergente de salud pública" relacionada con la telefonía móvil y redes inalámbricas:
“Numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los campos
electromagnéticos (CEM) afectan a los organismos vivos a niveles muy por debajo de la mayoría de las directrices internacionales y nacionales (…) el aumento de riesgo de cáncer, el estrés celular, el aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficits en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos, …”. Constatan la evidencia cada vez mayor de efectos nocivos en plantas y animales.
 En la misma línea el EU 5G Appeal (más 350 científicas y científicos) y el
Llamamiento internacional que pide la moratoria de la implantación del 5G en el
planeta, tanto terrestre como espacial (firmado por más de 6.500 científicas y
científicos, 4.000 profesionales de la medicina y 3.000 organizaciones), alertan del
salto CUANTITATIVO y CUALITATIVO en los riesgos potenciales para la salud y el
planeta, con la imponente presencia de las nuevas ondas milimétricas del 5G (prolífica red de antenas, miles de satélites e innumerables dispositivos conectados), sumadas a las redes 2G, 3G, 4G. Estos llamamientos, junto con los anteriores, cuestionan las directrices “insuficientemente protectoras” de la International Commission on non ionizing radiation protection (ICNIRP), y visibilizan su conflicto de interés y su influencia en la selección de límites y tomas de decisión (como en el grupo de trabajo sobre los CEM de la OMS), en la misma línea que hacen las diferentes organizaciones “lobistas” (como el caso del CCARS en el Estado español) o de las agencias capturadas.
 Precedido de otras resoluciones (Agencia Europea de Medio Ambiente -2007, 2009,
2013-, Parlamento europeo -2008 y 2009-, …), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) en su Resolución 1815, en 2011, solicitó aplicar el Principio de Precaución ante los efectos biológicos para la salud de los CEM (especialmente de los dispositivos inalámbricos -móviles, Wi-Fi, …- en la población infantojuvenil), recomendaciones recogidas y reforzadas en el “Manifiesto Europeo por una regulación de la exposición a los CEM que proteja realmente la salud pública”. Entre los firmantes hay científicos, investigadores y expertos, colegios y asociaciones profesionales, y representantes de organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la salud, consumo, vecinal, ecologista, sindicalista, de madres y padres, y personas afectadas de síndrome de sensibilización central. El dictamen sobre “hipersensibilidad electromagnética” de la Sección TEN del CESE en 2015, remarcó y justificó muchas de estas recomendaciones.
En 2008 una Resolución del Parlamento Europeo, solicita valores límite de
exposición a radiofrecuencias “más exigentes” al constatar que los actuales “son obsoletos” y no atienden a “las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños”
En esta línea la Resolución del Parlamento Europeo, sobre las consideraciones
sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, de 2 de abril de 2009, establece que, considerando que la tecnología de los dispositivos inalámbricos emite CEM que pueden producir efectos adversos para la salud humana, pide que se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el posible impacto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy bajo nivel ya tienen efectos muy nocivos; y demanda que se investigue activamente sobre los posibles riesgos para la salud y se llegue a soluciones que anulen o reduzcan la pulsación y la modulación de la amplitud de las frecuencias que se usan para la transmisión.
Precisa que los agentes industriales, así como los gestores de infraestructuras
relevantes y las autoridades competentes ya pueden intervenir sobre algunos factores, como mediante la adopción de disposiciones en lo que se refiere a la distancia entre el lugar de que se trate y los emisores o la altitud del lugar con respecto a la elevación de la antena de relevo y la dirección de la antena emisora con respecto a los lugares habitados, con la intención evidente de tranquilizar y proteger mejor a las poblaciones que viven cerca de estas instalaciones; pide que se busquen emplazamientos óptimos para los mástiles y transmisores y que los proveedores compartan los mástiles y transmisores en los mejores emplazamientos, con el fin de limitar la proliferación de mástiles y transmisores mal situados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren las directrices adecuadas.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1815:
Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente, de 2011, recomienda que se aplique el principio ALARA “tan bajo como sea razonablemente posible”, en relación tanto con los efectos térmicos como con los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o radiación electromagnética. Esta resolución propone establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro y plantea que para la determinación de la ubicación de cualquier nueva antena no se base únicamente en los intereses de las operadoras, sino en la consulta con las autoridades locales y regionales, los residentes locales y las asociaciones de la ciudadanía afectada.
En la exposición de motivos de la propuesta de esta Resolución, destaca que “la
desconfianza con respecto a la comunicación de los organismos de seguridad oficiales y los gobiernos, sin duda radica en el hecho de que en el pasado, una serie de “affaires” o escándalos la salud como el del amianto, la sangre contaminada, los PCB o las dioxinas, el plomo, el tabaquismo y recientemente el de la gripe H1N1, pueden ocurrir a pesar del trabajo e incluso con la complicidad de los organismos nacionales e internacionales denominados de seguridad medioambiental o sanitaria”. Es por ello que dicha resolución destaca la necesidad de garantizar la independencia de las agencias de evaluación, así como la inclusión y protección de los científicos críticos que dan la alerta temprana.
En la actualidad, más de 40 Ministerios y agencias de Salud y de Medioambiente,
junto a otras instancias gubernamentales o de la administración pública en más de 20 estados del ámbito paneuropeo (y otros fuera de él), aplicaron el Principio de
Precaución, estableciendo y/o recomendando alguna medida para minimizar la
contaminación electromagnética, como las definidas en las recomendaciones de la
Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa:
• Aprobando límites más estrictos de exposición a radiofrecuencias que el criterio del
ICNIRP.
• Aconsejando la aplicación del principio de precaución en la reglamentación de
la tecnología inalámbrica, y limitando su uso y emplazamiento en determinados
contextos.
• Potenciando y primando el desarrollo e implantación de tecnologías de
comunicación biocompatibles, como las redes de comunicación por cable.
Mientras el CCARS, niega las incertidumbres e incertezas presentes en el campo científico sobre el 5G y el Internet de las cosas, tal y como manifiestan en llamamientos internacionales apoyados por más de 6.000 científicos, desoye avisos institucionales como los del Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes (SCHEER) a finales de 2018 y los de la Agencia Nacional francesa de Seguridad Sanitaria (ANSES) en 2019, cuando dan cuenta de una falta significativa, o incluso una ausencia, de datos relacionados con los posibles efectos biológicos y para la salud y el medio ambiente de esta tecnología.
La Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G, coincidimos con la Convención
Ciudadana por el Clima, organización francesa de carácter consultivo y representativo, cuando propuso recientemente “analizar sistemáticamente el impacto en el medio ambiente y la transición energética de las innovaciones de forma independiente” y exigió una “moratoria a la implementación del 5G a la espera de los resultados de la evaluación del 5G en el ámbito de la salud y del clima”; al igual que con posicionamientos institucionales en Francia (alcaldes y alcaldesas, diputadas y eurodiputadas de diferentes formaciones políticas), EEUU (diferentes condados y ciudades en estados como California y Hawái), en Bélgica (moratoria en Bruselas), Eslovenia, diferentes cantones suizos, más de 600 ayuntamientos en Italia y la Asamblea parlamentaria de Córcega.
Recordamos el papel de vigilancia de la salud pública a los “riesgos ambientales y sus
efectos a la salud”, de su Dirección General, marcado en el artículo 12, punto 2 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que incluye expresamente “el impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”; así como su potestad para aplicar el Principio de Precaución, recogido en el artículo 3 de dicha ley. Desde la Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, solicitamos a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, previamente al despliegue del 5G, cumplir con la legalidad vigente, atender a los requerimientos de evaluación de impacto ambiental y aplicación del principio de precaución del Defensor del Pueblo en su Resolución “Evaluación ambiental y efectos en la salud del Plan Nacional 5G” de 2019; y a los de la Resolución 1815 del Consejo de Europa “sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”, para impulsar un uso ponderado de una tecnología que sea bio-compatible, respetuosa con la vida, el clima y los recursos del planeta.
Solicitamos que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, facilite, en el ámbito del 5G, un amplio debate social con participación de los distintos agentes sociales, tal y como establece el Convenio de Aarhus ratificado por España en 2005. Asimismo, requerimos que fundamente sus posicionamientos en materia de contaminación electromagnética en información veraz e independiente sin conflicto de intereses, teniendo en cuenta y protegiendo “a los científicos que dan la alerta temprana”, incluyéndolos en los comités de valoración de riesgos (como solicita el Consejo de Europa en su Resolución 1815); así como que finalice la colaboración y apoyo al CCARS, por no cumplir con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.

24 de octubre, de 2020
Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G
* La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G promueve la petición lanzada inicialmente por Ecologistas en Acción y organizaciones del ámbito vecinal [Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (CAVASTUR), Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, Federación de Asociaciones Vecinales de Oviedo (FAVO), Federación de asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón “Les Caseries”, Asociación Vecinal Familiar
San Cristóbal (Madrid-Chamartín), Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras (Madrid – Centro), Asociación Vecinal Nuevo Legazpi]; de personas enfermas y afectadas [Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ, que integra asociaciones y federaciones de todo el estado); Asociación de niñ@s, adolescentes y jóvenes con Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (DOLFA); Asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS); Asociación SOS EHS-EASC (Electrohipersensibilidad
– Enfermedades Ambientales de Sensibilización Central), ASOCIACIÓN SFC-SQM EUSKADIAESEC (Asociación de Afectados por Enfermedades Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC), Sensibilidad Química Múltiple (SQM), Fibromialgia (FM) y Sensibilidad Electromagnética o Electrohipersensibilidad (EHS) del País Vasco), Asociación de afectadas y afectados por Sensibilidad Química Múltiple de Galicia (SQM Galicia), Asociación de personas afectadas por Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Enfermedades Reumáticas y Sensibilidad Química y Electromagnética de ibiza y Formentera (AFFARES); Asociación de Afectados por
Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalomielitis Miálgica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid (SFC-SQM Madrid), Plataforma Española de Personas Afectadas por los Síndromes de Sensibilización Central (PEPA), Bizi Bide (Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad), EMAN ESKUA (Asociación vizcaína de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica)]; de Plataformas
STOP 5G [Plataforma Stop 5G Segovia, Plataforma Stop 5G Pamplona-Iruña, Stop 5G Baleares, Stop 5g BCN (Barcelona), CONCIENCIA STOP 5G CANARIAS, Menorca Lliure 5G, Stp 5G Madrid, Stop 5g Almeria, Stop 5G España, Stop 5G Zaragoza]; del ámbito ecologista, decrecentista, de la solidaridad internacional, de la educación, de consumidores, de las comunidades gitana e mígrante, de la defensa de la salud y contra la contaminación electromagnética, ... [Plataforma
Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), Asociación Murciana Contra la Contaminación Electromagnética (AMUCCEM), Plataforma Asturiana Contra la Contaminación Electromagnética (PACCEM), Asociación Navarra de afectados por Campos Electromagnéticos (ASANACEM), Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE). Asociación Independiente para Defender la Salud (ASIDES), Informa.tu (Asociación para la promoción y defensa de la salud), Comité Oscar Romero de Vigo, Comité Óscar Romero de Valladolid, Comité Óscar Romero de Murcia, Asociación Nacional Presencia Gitana, Colectivo
Emigrante Aragonés (CEA), Asociación Comunitat UJIxPlaneta, Ongd AFRICANDO de Gran Canaria, Asociación Bona Ona, Grupo ecoloxista Luita Verde (O Morrazo), Grupo de decrecimiento "Hasta aquí hemos llegado" (Palencia), Colectivo de acción e concienciación social de Val Miñor “Comando Ghichas”, Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) de Castilla y León, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Asociación de enfermos psíquicos de Euskadi "Tubal", Butroi Bizirik en Transición (BBT), Associació Ensalut, Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza
O Bierzo, Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid (ReHd Mad!), Extinction Rebellion Barcelona, Marisatsa (Produktu Ekologikoen eta Bidezko Merkataritzaren Kontsumorako Durangaldeko elkarteak / Asociación de Consumo Ecológico y Comercio Justo del Duranguesado), Sagarrak Ekologia, Asociación Iniciative Ningú Danyat per Irradiació d’Antenes (INDIA), Coordinadora Vasca de Afectados por Contaminación Electromagnética (COVACE / EKEUKO)