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CADIZ: El PP eleva al Gobierno el "vacío legal" sobre la instalación de antenas

Jueves 29 de mayo de 2008 · 1089 lecturas

El PP eleva al Gobierno el "vacío legal" sobre la instalación de antenas
PSOE e IU denuncian que el dispositivo de San Mateo incumple la ordenanza

Ana De Antonio / Cádiz | Actualizado 29.05.2008 - 01:00

En la imagen, una de las antenas del casco antiguo de la capital.
0 comentarios 0 votos Al igual que ya ha ocurrido en otros municipios de Espańa, la instalación en la ciudad de antenas de telefonía móvil está movilizando a gobernantes, oposición y agentes sociales.

Después de que los vecinos de Segunda Aguada manifestaran su malestar por la instalación de una antena de telefonía móvil en la calle San Mateo, IU y PSOE presentarán en el próximo pleno una propuesta conjunta para que el Ayuntamiento cumpla con lo dispuesto en una ordenanza municipal de 2002 sobre la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicación. Este texto recoge que en el caso de proximidad de centro educativos, sanitarios, asistenciales o geriátricos se limitará la ubicación de estaciones base de telefonía móvil, "prohibiéndose que en ningún caso las distancias a cualquier punto de los indicados -medidas sobre el mismo plano horizontal en que se encuentre la base de la antena -, sean inferiores a 52 metros". Y, según el edil de IU Sebastián Terrada y la socialista Carolina Camacho, la antena de San Mateo, 1 se encuentra a menos de 52 metros de distancia del colegio público Andalucía. Por ello, la oposición pedirá la retirada de las antenas que no cumplen con lo establecido en la ordenanza e instará al Ayuntamiento a que colabore en la elaboración de un estudio sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud.

También ayer, el mismo día que Sebastián Terrada hacía pública su propuesta al pleno, la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, dirigida por Ignacio Romaní, enviaba un escrito a Sebastián Saucedo, subdelegado del Gobierno en Cádiz, y a José Antonio Gómez Perińán, delegado en Cádiz de la Junta de Andalucía, en el que se menciona que "la jurisprudencia ha aclarado que al Estado le corresponde la competencia sectorial en esta materia; a la administración autonómica le compete la protección de la calidad ambiental y la salud pública y a los municipios la competencia urbanística". De esta manera "se eleva al Gobierno la situación de vacío legal sobre este asunto", aclara José Blas Fernández, primer teniente de alcalde y responsable del gabinete jurídico del Ayuntamiento. Pone como ejemplo una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, favorable a una empresa de telefonía móvil y que anula así el decreto municipal por el que se acordó la desconexión y precinto de unas instalaciones de telefonía móvil en Altea. Con estos argumentos, la propuesta de PSOE e IU no saldrá adelante.
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