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Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las Antenas de Telecomunicaciones - AVAATE

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La Ley de Infraestructuras Gigabit sitúa a la industria de telecomunicaciones por encima de la protección ciudadana y el planeta

Ecologistas en Acción solicita aplazar la introducción de la Ley de Infraestructuras Gigabit (GIA) hasta garantizar una evaluación ambiental y sanitaria previa de las ondas milimétricas del 5G, algo que ya han demandado ciudadanía, sector científico y personas expertas en el tema

Miércoles 28 de febrero de 2024 · 742 lecturas

22/02/2024 | Área, portada, Digitalización y contaminación electromagnética

Dicha normativa da potestad a las teleoperadoras para que las autoridades locales alberguen las antenas 5G en sus infraestructuras, mobiliario urbano o edificios públicos, eliminando las escasas disposiciones de control local y transparencia.
La organización ecologista denuncia este “nuevo regalo exorbitante a las empresas de telecomunicaciones en su despliegue de las ondas milimétricas del 5G”, calificado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (2021) como un “experimento masivo”, y denunciado por el Alto Consejo por el Clima francés (HCC) por su comportamiento profundamente energívoro y su impacto climático.

Ecologistas en Acción considera que la puesta en marcha de esta normativa europea, sin debate público, reafirma la pérdida de competencias autonómicas, municipales y de la ciudadanía. De salir adelante, la Ley de Infraestructuras Gigabit (GIA) daría plenos poderes a las teleoperadoras sobre las autoridades locales propietarias de redes, infraestructuras, mobiliario urbano o edificios públicos susceptibles de albergar antenas 5G. También establecería un sistema de permisos de punto único digital, donde todas las solicitudes deben aprobarse tácitamente.

Huella ecológica de la GIA

El Alto Consejo por el Clima de Francia (HCC) alertó en su informe al Senado francés en 2020 de que la implantación del 5G ignora y no evalúa el aumento progresivo del consumo energívoro de las redes, su huella de carbono y la afectación climática. También alerta de que no evalúa otras repercusiones como las sociales y sanitarias antes de su despliegue.

Las 17 sociedades científicas de protección radiológica iberoamericanas incluidas en la CIPRACEM remarcaron en 2021 que “la comunicación inalámbrica representa un tremendo derroche de energía con relación a la cableada dado que consume 10 veces más, lo que necesariamente obliga a quemar combustibles fósiles y producir un volumen creciente de gases de efecto invernadero (GEI) y el consiguiente aumento de la temperatura del planeta y el riesgo de desastres ambientales”.

De esta forma, aconsejaron a las autoridades apostar por internet por cable con redes de fibra óptica, “muy superiores a las inalámbricas en velocidad, seguridad y costo”, para evitar un daño que se está produciendo “al planeta y a la gente sin obtener beneficios a cambio”.

Alertas en el ámbito científico y en las instituciones europeas

La organización ecologista recuerda que los niveles de exposición actuales a radiofrecuencias ya fueron cuestionados abiertamente a la ONU y a la OMS, desde hace casi una década, por el llamamiento científico internacional de especialistas en bioelectromagnetismo, autores de más de mil publicaciones científicas relevantes revisadas por pares.

En dicha línea, numerosos llamamientos y organizaciones del ámbito de la ciencia y la salud ya se posicionaron a favor de una moratoria del despliegue del 5G, especialmente de sus ondas milimétricas como las de 26 GHz, recientemente subastadas en el Estado español. Moratoria solicitada, entre otras, por organizaciones ecologistas, federaciones vecinales y organizaciones de personas afectadas por enfermedades crónicas ambientales y/o de afectación al sistema nervioso central e inmunológico.

En España, el anterior Defensor del Pueblo reconoció en 2019 la ausencia de evaluación ambiental del despliegue del 5G y consideró lícito aplicar el principio de precaución, especialmente en la banda de los 26 GHz, ante la ausencia de niveles fijados de exposición seguros y la ausencia de la Comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud contemplada por ley.

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS/STOA) corroboró en 2021 la falta de protección de los niveles actuales de exposición a radiofrecuencias (RF) y consideró el despliegue de las ondas milimétricas de 26 GHz del 5G cómo un “experimento humano”. En concreto, esta institución, responsable de la investigación y asesoramiento científico del Parlamento Europeo, concluyó que “existen pruebas suficientes en animales de experimentación de la carcinogenicidad de las radiaciones de RF”. Y añadió que son “probablemente cancerígenas para los humanos”, “afectan claramente a la fertilidad masculina y posiblemente también a la femenina”, y “pueden tener posibles efectos adversos en el desarrollo de embriones, fetos y recién nacidos”.

Ecologistas en Acción vuelve a alertar de la carrera desenfrenada de consumo digital de datos y el control social de los mismos. Reivindica una política de sobriedad digital y electromagnética, de protección a la introducción adictógena y precoz de pantallas en niñas y niños, de reequilibrio de las políticas de despliegue de nuevas infraestructuras para garantizar una mayor transparencia y concertación a nivel local, y de prevención y tratamiento digno de la electrohipersensibilidad.

Julio Carmona, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “Hay que desmontar los mitos de la GIA y de la digitalización de la UE, ya que la alta velocidad no tiene por qué ser inalámbrica, la tecnología inalámbrica consume hasta 10 veces más energía que por cable y la hiperdigitalización no es compatible con un progreso ecosocial. Es decir, hay que apostar por un uso sobrio de los medios digitales con opciones biocompatibles y realmente sostenibles”.

https://www.ecologistasenaccion.org/310782/la-ley-de-infraestructuras-gigabit-situa-a-la-industria-de-telecomunicaciones-por-encima-de-la-proteccion-ciudadana-y-el-planeta/