Pamplona: Telefónica dice que los vecinos de Orvina les impiden retirar la antena, lo que éstos niegan. Desde el citado colectivo afirman que en los últimos años se han multiplicado los casos de cáncer en las calles próximas

Telefónica dice que los vecinos de Orvina les impiden retirar la antena, lo que éstos niegan
Según los afectados , no se ha personado nadie de la empresa desde el mes de marzo
Ambas partes, que ya se encuentran enfrentadas en los tribunales, discrepan sobre la peligrosidad del poste

carlos balanza

Los vecinos salieron a la calle el pasado jueves, como todos los anteriores desde noviembre.Foto: javier bergasa

pamplona. La oficina de comunicación de Telefónica Servicios Móviles SA manifestó ayer a este periódico que la empresa ha intentado retirar en varias ocasiones la antena de la azotea del número 1 de la calle Cildoz (Orvina III), "lo que no ha sido posible ya que los vecinos nos lo han impedido". Desde el pasado mes de noviembre los residentes de la zona se manifiestan todos los jueves para exigir la retirada de la instalación, lo que se tenía que haber llevado a efecto el pasado mes de marzo, fecha en la que concluyó el contrato entre ambas partes.
Las citadas fuentes vinculan dicha negativa a que "tal vez no se fíen de las intenciones de la compańía" que, insisten, "pasan por retirarla y buscar emplazamientos alternativos -con otras comunidades de propietarios-, lo que se va a hacer con independencia de que podamos retirar o no la de Cildoz".
Por su parte, los miembros de la Agrupación Orvina III califican esta versión de los hechos de "mentira, enmarcada en el cúmulo de bulos que están lanzando, como cuando afirman que está desactivada, lo que hemos comprobado con medidores que no es cierto". Según Beatriz Muruzábal, en septiembre "se decidió cambiar la llave de la azotea después de que incumplieran su promesa de retirarla primero en Semana Santa y después en octubre" y porque "al haber finalizado el contrato, ya no tenían derecho a tener libre acceso".
La portavoz del colectivo ańade que no tienen ningún inconveniente en permitir el acceso a la empresa "pero siempre en compańía de los afectados". Recuerda que a lo largo de estos meses "y sólo en una ocasión se han personado operarios de una empresa subcontratada para presupuestar el desmontaje".
debate sobre su peligrosidad Desde el citado colectivo afirman que en los últimos ańos se han multiplicado los casos de cáncer en las calles próximas y recuerdan que se incumple la normativa ya que en las inmediaciones hay una guardería, un instituto o el club de jubilados. "Si no la quitan, como es su obligación, que por lo menos hagan algo tan sencillo como desconectarla de inmediato", ańade Jesús Sada, miembro de la agrupación.
Según la empresa, estos argumentos "carecen de toda base científica y están llevando a Pamplona a un callejón sin salida porque están obligando a la retirada de antenas". Mantienen que las antenas "son seguras, como lo han corroborado la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y los propios jueces, desde el Tribunal Supremo a una reciente sentencia, en la que una juez ha reprochado a los médicos que acusan a las antenas de no incluir importantes revelaciones científicas que les dejarían sin argumentos".
En el caso concreto de Pamplona la empresa afirma que, "pese a todas estas evidencias, aún hay colectivos vecinales que están buzoneando contra las antenas, ejerciendo una presión que puede acabar provocando serios problemas a un servicio que usa más del 90% de los pamploneses y que necesita de una infraestructura ya que facilita las emergencias del 112, la atención a personas mayores, sistemas de protección a víctimas de la violencia de género, etcétera".
Al margen de estas consideraciones, los vecinos de Orvina recuerdan que la empresa ha recibido al menos cuatro requerimientos del Consistorio para que retiren la antena, "obligación que han eludido mediante la interposición de recursos". Además, "el Ayuntamiento nos ha asegurado que ya han otorgado el permiso para que se desmonte. No entendemos por qué no se hace". Ante esta situación han adoptado varias medidas. Además de las citadas movilizaciones, han llevado a la empresa a los tribunales. Según informó Beatriz Muruzábal "el juicio se celebrará en marzo".